Arraiz asume su integración en ETA a cambio de una condena menor que no le lleve a prisión

El dirigente de Sortu y parlamentario de EH Bildu apenas ha necesitado de tres 'síes' para reconocer los delitos que se le achacan a preguntas del fiscal, Juan Calparsoro. «¿Está conforme con los hechos?», «¿Asume el Estado de Derecho y renuncia al uso de la violencia?», «¿Está de acuerdo en que su posición sirva para la reparación de las víctimas?», han sido las tres preguntas formuladas por el representante del Ministerio Público y que han sido respondidas con un 'Bai' por parte del procesado. La asunción de los hechos ha propiciado que el fiscal haya modificado su escrito de calificación y pide ahora dos años de cárcel para Arraiz, en vez de los seis años que solicitaba inicialmente. Además de esa pena se reclama una inhabilitación especial de dos años para cualquier cargo público. La Fiscalía ha renunciado a practicar el resto de pruebas, entre las que figuraban el interrogatorio mañana a Otegi, Rufi Etxeberria y Joseba Permach. El resto de partes han adoptado la misma postura.

La representación de la AVT hace una doble propuesta de penas donde acepta que la condena se rebaje a los 5 años, mientras que Dignidad y Justicia mantiene los 10 años originales.

El juicio ha finalizado dos horas y media después de su arranque y tras escucharse los alegatos de las acusaciones y defensa. El abogado de Arraiz, Iñigo Iruin, ha ofrecido al tribunal argumentos para atenuar la condena y ajustarla a los dos años que tanto él como el fiscal consideran apropiada. Ha hablado, en este sentido, de que la actividad del presidente de Sortu fue en el periodo juzgado «exclusivamente política» y que no practicó la violencia. Además ha subrayado las dilaciones aplicadas en este proceso que, según la doctrina del Supremo, acarrearía también una rebaja de la condena.

Arraiz ha tomado la palabra en los instantes finales de la vista oral para subrayar que su actividad ha sido «siempre política» y ha cargado con dureza contra la Ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna. Ha dicho que aquella ilegalización puso «en peligro» el «proyecto político independentista», lo que, en su opinión, provocó que «muchos» se vieran en la «obligación ética» de implicarse en política. Ha recordado que la situación en Euskadi «ha cambiado mucho» tras el cese definitivo de ETA, algo a lo que, ha insistido, ha contribuido tanto él como los otros 35 procesados en este sumario. Por último, ha recordado que el conflicto en el País Vasco ha provocado muchas víctimas a consecuencia de las «diferentes violencias» y se ha mostrado esperanzado en que su gesto de asumir su pertenencia a ETA sirva para «que otros puedan dar pasos», en referencia a los presos de ETA que en la actualidad debaten cómo ajustarse a la ley penitenciaria para acortar sus penas y acelerar la obtención de permisos y su excarcelación. Ha dicho estar esperanzado en que «se abran las puertas de las celdas». Porque, en su opinión, la paz no será «plena» hasta que no sea «para todos».