LAS CAUSAS DE LA CORRUPCIÓN MUNICIPAL

En primer lugar, hay que subrayar que España cuenta con un Estado de Derecho que está haciendo frente a la corrupción política-empresarial, y que el Estado, como tal, no ha sido infectado por el virus de la corrupción. Las estructuras que combaten la corrupción (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente las unidades especializadas en delitos económicos, Fiscalía Anticorrupción, Agencia Tributaria, jueces y tribunales), a pesar de la escasez de medios con que cuentan, están haciendo una gran labor. El hecho de que la hermana del jefe del Estado haya sido procesada pone de manifiesto que, en este combate, el poder judicial aplica escrupulosamente el principio de igualdad en la administración de la ley. Los españoles podemos estar orgullosos de contar con un Estado en el que no hay corrupción en el seno de sus cuerpos administrativos. Esto contrasta con la situación de los Estados corruptos en los que, a cambio de dinero, un policía te retira una multa, un médico te adelanta en la lista de espera, un profesor te aprueba, un inspector fiscal te libra de una inspección etc. Nada de esto ocurre en España.

Establecido lo anterior, y en segundo lugar, las cifras y los datos ponen de manifiesto que España padece una corrupción sistémica que afecta a parte de su clase política en conjunción con promotores inmobiliarios y contratistas de la Administración. La corrupción es verdaderamente sistémica en el ámbito municipal. De los 8.000 municipios españoles, más de 1.000 están investigados por corrupción. Hay cientos de concejales y alcaldes investigados por casos de corrupción urbanística. En algunas provincias, la inmensa mayoría: 35 de los 45 de Murcia, 40 de los 88 de Canarias. En Andalucía o Valencia las cifras son igualmente preocupantes. Los casos de Valencia y Granada que estos días han centrado la atención informativa se enmarcan en un contexto de corrupción municipal que ha sido denunciado por organismos internacionales (informes de Transparencia Internacional) y por la Unión Europea (informe Auken aprobado por el Parlamento Europeo en 2009).

La razón que explica que haya más de 1.000 ayuntamientos corruptos es fácil de comprender. El ordenamiento jurídico ha creado una suerte de Reyes Midas capaces de convertir en oro no lo que tocan, pero sí el suelo que pisan. El alcalde y su concejal delegado de urbanismo pueden determinar que el precio de una parcela de su municipio multiplique su precio por 20 o por más. Basta recalificar el terreno. La detención del alcalde de Granada trae causa de la construcción de una discoteca en una zona verde. Estas potestades extraordinarias atribuidas a los entes municipales explican el interés de los promotores y constructores por influir en las decisiones y hacerlo si es preciso mediante el soborno, el pago de comisiones y otras prácticas corruptas. Esta situación sólo cambiará si se aborda el problema constitucional relativo a la titularidad de las competencias sobre el suelo.

El origen del problema se remonta a una nefasta sentencia del Tribunal Constitucional de 1997 que privó al Estado de sus competencias en ordenación del territorio y las atribuyó en exclusiva a las comunidades autónomas. Con la descentralización se perseguía -ingenuamente- una mejor ordenación del territorio, a través de la cercanía entre la Administración y los ciudadanos. Esta cercanía lo que ha propiciado realmente es la corrupción y la destrucción del litoral. El Estado no puede ya intervenir y las comunidades autónomas son cómplices por omisión de lo que hacen sus municipios. Estos, para prestar una serie de servicios que no pueden costear, se financian a través de las recalificaciones de suelo, decidiendo qué suelo es urbanizable y cuál no. Los ayuntamientos reciben así grandes sumas para financiar transportes, polideportivos, centros culturales, guarderías, servicios sociales, etc. Sumas inicialmente pagadas por promotores y constructores beneficiados por la recalificación pero que, obviamente, finalmente acaba pagando el comprador de la vivienda. Esta peculiar forma de financiación municipal -causa última de la burbuja inmobiliaria y de la crisis económica desencadenada en 2008- degenera en corrupción cuando los políticos que dirigen el ayuntamiento reciben dinero y regalos a título personal por haber hecho de oro a ciertos particulares. Junto al urbanismo, la contratación pública es otro de los focos de corrupción tanto municipal como autonómica.

En definitiva, el Estado no es corrupto pero tiene que reaccionar. Desde esta óptica, todo proyecto de gobierno reformista debería incluir, por un lado, la limitación de las competencias de los ayuntamientos en materia de suelo; y, por otro, la garantía de la completa independencia -respecto a los ayuntamientos- de los funcionarios que, tanto desde el punto de vista jurídico (secretarios) como económico (interventores), controlan su actividad. Los interventores y secretarios no pueden seguir dependiendo del propio ayuntamiento y del alcalde. Estas dos medidas supondrían un considerable avance en la lucha contra la corrupción.