José Mari Reviriego
Miércoles, 20 de abril 2016, 21:05
El ecologismo tenía enfilado desde hace tiempo a José Manuel Soria por su gestión al frente del Ministerio de Industria. Especialmente por cuatro iniciativas que el movimiento verde considera lesivas para el medio ambiente: el impulso al fracking -la polémica fractura hidráulica para ... extraer gas del subsuelo-; las prospecciones petrolíferas en Canarias, saldadas sin éxito tras siete meses de trabajos con una fuerte oposición social y del propio Gobierno del archipiélago; el impuesto al sol, considerado un 'castigo' para los pequeños propietarios de paneles solares que tratan de promover el autoconsumo energético; y el «parón» sufrido por las energías renovables en uno de los países de Europa con más días soleados al año y más viento.
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De alguna forma, Soria, obligado a renunciar a sus cargos por sus vínculos con el paraíso fiscal de Jersey tras ser cazado en numerosas contradicciones en el escándalo de los 'papeles de Panamá', era la bestia negra de asociaciones conservacionistas como Greenpeace. Pocos miembros del Gobierno de Mariano Rajoy estaban en el mundo del medio ambiente más en la diana de las críticas que él, con la salvedad quizá del extitular de Agricultura Miguel Arias Cañete, salpicado también por los polémicos papeles por la aparición del nombre de su mujer en varias empresas. Cañete, hoy comisario europeo de Clima y Energía, tenía reconocidos intereses en compañías petroleras.
Greenpeace ha leído la cartilla al Ejecutivo central por lo que considera una escasa implicación con la gestión medioambiental y le suspende en los siguientes apartados:
1) «Cero nuevas renovables instaladas en los últimos dos años, sacando a España del 'Top 10' de los mejores países para invertir en renovables». El Ministerio de Industria que lideraba Soria decidió cancelar las primas para la energía eólica y la fotovoltaica en un intento por frenar el déficit de la tarifa. El resultado es que el sector de las energías limpias y sustitutas de los combustibles fósiles apenas se ha promovido durante la última legislatura.
2) «Las emisiones de CO2 en España han vuelto a subir, debido a que en 2015 el uso de carbón aumentó en un 23%». De forma paralela, Industria ha explorado la posibilidad de extraer gas y petróleo en España a través del fracking y de las prospecciones marinas en Canarias con el objetivo de reducir su factura enérgética y su dependencia de otros países. «No podemos permitirnos el lujo de desconocer si realmente tenemos o no hidrocarburos», alegaba el exministro para justificar dos operaciones muy cuestionadas. También en el ámbito político.
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El Parlamento vasco aprobó el pasado 30 de junio la llamada ley antifracking con el apoyo de EH Bildu, PSE-EE y PP; y la abstención del PNV y de UPyD. La medida reveló profundas contradicciones entre algunos partidos. La Comisión de Industria del Congreso sacó adelante el mes pasado una iniciativa que emplaza al Gobierno de Rajoy a que prohíba en España la búsqueda y explotación de hidrocarburos mediante técnicas de fracturación hidráulica. La medida fue planteada por ERC y pactada con el PSOE, Podemos, Democràcia i Llibertat (la antigua Convergència) y el PNV. Partido que luego denunció el recurso promovido por el Ejecutivo central contra la iniciativa legislativa avalada por la Cámara vasca, pese a no haberla apoyado en Euskadi. La polémica tampoco fue un obstáculo para que el Gabinete socialista de Patxi López se mostrase favorable en un principio a explorar en el País Vasco las posibilidades de esta controvertida búsqueda de gas, censurada por el ecologismo por sus eventuales efectos contaminantes en los acuíferos subterráneos.
3) «El infame impuesto al sol». Con esta definición, Greenpeace se refiere a la «restrictiva» normativa que regula la instalación de placas solares en domicilios particulares y empresas para autoconsumo energético. Aunque Industria libró de este impuesto grava el uso de la red general a los pequeños consumidores, las críticas de grupos de usuarios y ecologistas se mantienen. La actual oposición política en el Congreso de los Diputados se ha comprometido a derogar esa carga fiscal en cuanto esté en su mano. A su juicio, constituye una «penalización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética», lo que podría acelerar el cambio climático.
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Soria, siendo ministro de Industria, se defendió con el siguiente argumento: «De lo que se trata es de decir al consumidor que está muy bien el autoconsumo, pero cuando va a utilizar la red que pagamos entre todos también tiene que contribuir porque, si no, los demás estaríamos pagando una parte del autoconsumo». La defensa de las centrales nucleares, entre ellas la de Garoña, y la flexibilidad contaminante concedida a los fabricantes de automóviles tras el 'escándalo Volkswagen' han hecho del exministro la bestia negra del ecologismo.
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