La AVT se desmarca de Dignidad y Justicia y se mantiene abierta a un pacto con Arraiz

Los dos colectivos de damnificados por la violencia etarra mantienen posiciones distintas sobre el futuro jurídico de este procedimiento. Mientras la AVT no descarta resolver el asunto con un acuerdo de conformidad que obligue a Arraiz a reconocer que estuvo al servicio de ETA y le inhabilite para ocupar un cargo público durante dos años -abandonaría así la primera línea política del Parlamento vasco y de cualquier otra institución para tener que limitarse a funciones de partido-, DyJ rechaza cualquier tipo de entendimiento y prefiere que se desarrolle todo el juicio y que se emita una sentencia. Así se lo transmitió ayer al fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, la abogada que representa a Daniel Portero, según ha podido saber este periódico. Una postura que, a no ser que se produzca un inesperado giro de los acontecimientos, aboca a la celebración del juicio a partir del próximo 9 de mayo.

Portavoces de la Asociación de Víctimas del Terrorismo aseguraron ayer a EL CORREO que no pueden cerrarse a un acuerdo con la defensa de Arraiz porque aún no conocen la literalidad de la «propuesta firme» que tenía previsto presentar el abogado Iñigo Iruin, representante legal del presidente de Sortu. «Tomaremos la decisión más adecuada desde la premisa de si es bueno para las víctimas», advirtieron.

Los letrados de las partes personadas en este proceso han mantenido contactos en las últimas semanas sobre la base del texto que todos ellos suscribieron en la Audiencia Nacional a comienzos de enero, cuando pactaron condenas menores para 35 dirigentes de Batasuna, ANV y EHAK, que no les obligaban a ingresar en prisión. A cambio los procesados asumían que habían sido «instrumentalizados» por ETA y reconocían su apuesta por las vías pacíficas. Un acuerdo cuya valía siguen defendiendo en la AVT.

«Dulcificar el pasado»

En principio, todas las partes habían expresado un cierto consenso en repetir esa experiencia con Arraiz al tratarse en realidad del mismo caso. La pieza sobre el presidente de Sortu se ha desgajado al Tribunal Superior vasco por su condición de aforado como parlamentario autonómico. La Fiscalía pide seis años de cárcel para el procesado mientras que las dos acusaciones particulares coinciden en reclamar 10 años de reclusión.

La situación cambió el lunes después de que este periódico publicara el domingo una información sobre las negociaciones abiertas. Entonces se supo de la negativa de Daniel Portero a seguir adelante con las conversaciones, a pesar del criterio contrario de su letrada. El hijo del fiscal Luis Portero, asesinado por ETA en 2000, sostiene que la organización que preside no puede participar en pactos que tratan de «dulcificar el pasado de ETA». En esa misma línea han rechazado un acuerdo similar en otro proceso que se sigue en la Audiencia Nacional contra una decena de dirigentes de EKIN, considerado el brazo político de ETA, y que debe celebrarse el próximo mes.

Fuentes de la AVT, en conversación con este periódico, mostraron su sorpresa por la posición expresada por Portero y puntualizaron que ellos no podían descartar alcanzar un pacto porque no conocían «la propuesta firme» de la defensa de Arraiz. Entienden que si el presidente de Sortu asume las principales tesis jurídicas de esta asociación todo se puede estudiar. La decisión final dependerá del análisis que realicen los servicios jurídicos de la agrupación. Defienden, en este sentido, el acuerdo que se alcanzó en la Audiencia Nacional en enero al entender que fue bueno para las víctimas del terrorismo y recuerdan que la gestión de la anterior presidenta del colectivo, Angeles Pedraza, fue respaldada por una abrumadora mayoría de los afiliados. El pacto por el caso ANV-EHAK se suscribió durante su mandato. La asociación descarta, en este sentido, sufrir presiones de la militancia para tomar una u otra decisión en este caso.