Al servicio de ETA

Pero aún faltan por hilvanar algunos desajustes. La asociación Dignidad y Justicia no oculta sus reparos ante esta situación. Su presidente Daniel Portero no es partidario del pacto. Eso dice. Prefiere que se celebre el juicio «a que las víctimas del terrorismo escriban este tipo de páginas para la historia del fin de ETA». Después de muchas maniobras y tantas presiones en el mundo político, social y de la judicatura durante tantos años, ahora se está proyectando la luz sobre lo que significó la banda terrorista y su amplio entorno de complicidad. Al final, todo era ETA.

Los 35 acusados de Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas y ANV ya eludieron en enero su vuelta a prisión al aceptar condenas inferiores a los dos años tras haber reconocido su trabajo al servicio de ETA, haber renunciado a cualquier actividad relacionada con la violencia y haber admitido el daño infligido a las víctimas. La semana pasada, cinco acusados de EKIN (el aparato político de la banda ilegalizado en 2009) se libraban de la cárcel después de haber admitido que su conducta fue contraria a las leyes del Estado español y que habían sido «los encargados de ejecutar la estrategia diseñada y supervisada en última instancia por la propia organización terrorista ETA».

De estos complejos acuerdos ideados por el abogado tradicional de la izquierda abertzale, Iñigo Iruin, y transmitidos primero al fiscal de la Audiencia Nacional y ahora al fiscal superior del País Vasco, los implicados tendrán que dar explicaciones. En primer lugar a sus seguidores, a los que querrán tranquilizar diciendo que se trata tan sólo de un trámite formal. También a las víctimas, de las que esperan que valoren su confesión de haber estado vinculados al terrorismo. Y a los presos de ETA para que empiecen a darse cuenta de que no hay otro camino para su excarcelación al margen de la ley penitenciaria.

La manifestación que discurrió el domingo por las calles de Bilbao tenía ese propósito de «engrasar» la maquinaria del colectivo de reclusos a los que se les pide ahora que cambien de actitud y se acojan a la legalidad penitenciaria de forma individual. Una posibilidad que siempre se les había sugerido desde los diferentes gobiernos de España, pero que lo tenían terminantemente prohibido por los jefes del negociado. Después de que 750 ex presos de ETA comunicaran en un acto público su apuesta por utilizar los «cauces legales» aunque sean «pasos individuales», la manifestación de ayer pretendía mantener viva la llama carcelaria para que los reclusos, a los que se les intenta persuadir del cambio de táctica, no se sientan abandonados a su suerte.

Si los dirigentes de la izquierda abertzale con causas pendientes con la Justicia empiezan a reconocer ahora su vinculación con ETA, los presos deberían empezar a resarcir a las víctimas. Esa es la cuestión. Pero nadie habla de colaborar con la Justicia. Ni siquiera los arrepentidos y expulsados de la organización que han concedido entrevistas estos días. Ni Urrusolo Sistiaga, muy contundente diciéndole a Sortu que tiene que disolver ETA y que a los familiares de los presos hay que decirles la verdad para que no confíen en que las leyes vayan a cambiar. Ni Idoia López Riaño, que ha pedido perdón por todas las tropelías cometidas por el «comando Madrid» al que perteneció.

La historia de la reparación de tanta injusticia se está escribiendo a un ritmo lento y con los renglones torcidos. Arnaldo Otegi, una vez cumplida su condena por haber intentado reconstruir Batasuna bajo las órdenes de ETA, según el juez, ha sido proclamado candidato a lehendakari por EH Bildu amparándose en la inconcreción de la inhabilitación a la que fue condenado.

Pero sabe que, en cuanto se publiquen las listas electorales, habrá peticiones de impugnación a su candidatura ante la Junta Electoral Central. Y su caso terminará en el Tribunal Constitucional para que se pronuncie antes de la campaña. Si, finalmente, Otegi quedara eliminado de la candidatura, EH Bildu sufriría un contratiempo considerable teniendo en cuenta que se está aferrando al líder recién salido de prisión para intentar frenar el 'sorpasso' de Podemos en las próximas elecciones vascas.

Estamos ante los desesperados intentos del mundo de ETA por sobrevivir como fuerza política . Acuciados por una sociedad que les vuelve la espalda y superados por nuevas opciones políticas sin pasado terrorista, van ofreciendo a cuentagotas gestos de atricción. Pero se empeñan en trazar 'líneas rojas' («ni arrepentimiento ni delación») como si tuvieran derecho a imponer condiciones a una sociedad que cada vez les va dejando más solos.