Fianza de 600.000 euros para el exdirector de Acuamed

A los otros tres presos provisionales les ha impuesto 300.000 euros de fianza para salir en libertad. Se trata del responsable de Contratación de Acuamed, Francisco Javier Gómez Pastor, su directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco, y su delegado en Valencia, Pablo Martín.

Declaraciones

Desde su detención el pasado enero, el magistrado ha seguido tomando declaración a imputados y testigos dentro de este caso, que permanece bajo secreto de sumario hasta mañana, cuando previsiblemente el juez decida alargarlo un mes más. En la operación contra esta supuesta trama corrupta se detuvo a 13 personas, de las cuales cinco ingresaron en prisión y ocho salieron libres tras pagar fianzas de entre 12.000 y 50.000 euros.

Los que quedaron entonces en libertad bajo fianza fueron el presidente de FCC Construcciones, Miguel Jurado Fernández; el director de Infraestructuras en España de Acciona, Justo Vicente Pelegrini; el presidente de Pipeline, Manuel Moreno; los trabajadores de FCC Santiago Farré y Miguel Roset; el delegado de Acuamed Javier Delgado López; el director de Proyectos de Altec, José Ramón González Fernández, y David José Blanca Montero.

A los investigados se les imputan los delitos de integración en organización criminal, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de los contratos públicos, falsedad de documento oficial y prevaricación.

"Numerosas irregularidades"

El juez achaca al director general de Acuamed haber "urdido" desde mediados de 2014 un conjunto de actuaciones dolosas, imperativas conscientes y queridas (se habla de 'presiones') para imponer en el seno de Acuamed numerosas irregularidades" para conceder contratos". A cambio, recibía "regalos en especie, para él y para otros -implantes de pelo, viajes a Turquía...- a favor de diversos contratistas de obra pública", explicaba Velasco en un auto.

En concreto, se investigan seis contratos en diversos puntos de la cuenca mediterránea concedidos por Acuamed a FCC y Acciona, en los que los empresarios "presionaban" a los directivos de la empresa pública "para que incidieran sobre sus subordinados en la continua realización de falsedades e irregularidades".