Dignidad y Justicia se echa atrás y rechaza un pacto para evitar el juicio a Arraiz

Fiscalía, AVT, DyJ y la defensa de Arraiz, que dirige el abogado Iñigo Iruin, se habían cruzado documentos en las últimas semanas para tratar de alcanzar un acuerdo que evitara el juicio, previsto para el 9 de mayo, y que librara al dirigente abertzale de la cárcel a cambio de que reconociera haber sido «instrumentalizado» por la banda terrorista, es decir, que había estado al servicio de la organización. El pacto debía seguir la línea que tanto las acusaciones como la defensa suscribieron a comienzos de año y que afectaron a los 35 representantes independentistas que fueron juzgados en la Audiencia Nacional por los mismos hechos la pieza de Arraiz se derivó al Superior vasco por su condición de aforado como parlamentario autonómico.

En aquel documento, las partes aceptaron penas no superiores a los dos años para todos los procesados lo que les evitaba ingresar en la cárcel porque ya habían cubierto ese periodo de tiempo en prisión provisional, a cambio de que reconocieran que estuvieron al servicio de ETA. El acuerdo, tejido a petición de Iruin con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, imponía además penas de «inhabilitación especial para cargo público de ámbito municipal, provincial, estatal y de ámbito europeo por el tiempo de la condena». Una fórmula que prácticamente se iba a calcar en el procedimiento contra Arraiz, según confesó ayer al fiscal superior vasco, Juan Calparsoro. En la práctica, ese acuerdo supondría que durante un periodo de tiempo no superior a los dos años el ahora presidente de Sortu debería abandonar la primera línea política y dejar de ocupar su escaño en la Cámara de Vitoria.

La propuesta que estaban manejando todas las partes saltó ayer por los aires después de que Portero diera orden a su abogada para suspender cualquier diálogo, según detalló en conversación con este periódico. Así, dijo, se lo debe comunicar al fiscal superior. De esta manera, defensa y acusaciones están citadas para el arranque del juicio el 9 de mayo próximo.

«Podemos ganar»

El presidente de DyJ defendió su postura con el argumento de que la asociación que preside no puede colaborar a «dulcificar el pasado de ETA» con sentencias que impongan penas mínimas a quienes han participado de la estrategia de la banda terrorista. En su opinión, existen diferencias entre el caso juzgado en la Audiencia Nacional y el que se debe dirimir ahora en el TSJPV que le llevan a interpretar que «mientras en la Audiencia teníamos las de perder, ahora podemos ganar en el Superior». El tribunal que seguirá la causa contra Arraiz estará compuesto por el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, y por los magistrados Roberto Sáiz y Nekane Bolado.

Portero anunció, además, que su organización se va a negar a toda clase de pacto similar. Es lo que ha planteado a su letrada para el juicio contra una decena de representantes de EKIN que debe llevarse a cabo el próximo mes en la Audiencia Nacional. Todo ello después de que la semana pasada la Fiscalía acordara con 5 representantes navarros del considerado brazo político de ETA penas inferiores a los dos años a cambio de reconocer su implicación con la banda terrorista. En ese litigio no estaba personado el colectivo Dignidad y Justicia.

El hijo del fiscal Luis Portero asesinado por ETA en 2000 considera que la sentencia en la que estos cinco dirigentes de EKIN en Navarra reconocen los cargos contra ellos podrá ser utilizada contra el resto de procesados como una prueba de los delitos que se les imputan.