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elcorreo.com
Viernes, 8 de abril 2016, 18:12
El Gobierno interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la ley vasca sobre el 'fracking'. La solicitud se lleva a cabo después de que la negociación bilateral con Euskadi haya fracasado y tras avalar el Consejo de Estado que hay fundamentos jurídicos suficientes. La fractura hidráulica consiste en inyectar grandes volúmenes de agua y productos químicos a gran profundidad para romper la roca de pizarra que alberga gas de esquisto o petróleo.
La ley vasca se aprobó al año pasado a raíz de una Iniciativa Legislativa Popular avalada por más de 100.000 firmas y, en un intento de evitar posibles recursos en su contra, no prohibía el 'fracking' de manera genérica, pero elevaba tanto los requisitos para poder desarrollar esta técnica que prácticamente la impedía. La norma vasca permite a las instituciones de Euskadi vedar el uso de la fractura hidráulica en los supuestos en que pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona y sobre otras competencias relativas al aprovechamiento de hidrocarburos.
Ante un caso similar, el Tribunal Constitucional anuló las leyes de Cantabria y La Rioja que prohibían el uso de esta técnica, por lo que se entiende que esa doctrina es trasladable al caso actual. El Ejecutivo entiende que las competencias en materia ambiental no implican vaciar de sus competencias al Estado, sobre todo cuando la normativa estatal establece el sometimiento de estos proyectos a la declaración de impacto ambiental.
Considera además que la legislación vasca viola la normativa estatal sobre régimen minero y energético, y el principio de seguridad jurídicas al equiparar los permisos, tanto a los ya concedidos o en tramitación, como a las solicitudes que se formulen a partir de la entrada en vigor de la norma. Por último, el Consejo de Ministros considera que la norma vasca incluye en su ámbito los hidratos de metano enterrados en el mar (una nueve fuente de energía), una competencia que -según el TC- no es autonómica a no ser que lo prevea su Estatuto de Autonomía o lo exija la naturaleza de la competencia a ejercer.
«Ataque a la soberanía popular»
Por su lado, la plataforma Fracking Ez considera que el recurso del Gobierno supone «un ataque a la soberanía popular» porque se trata de una iniciativa popular avalada por más de 100.000 firmas. Tras conocerse la interposición de este recurso la plataforma ha recordado que la norma vasca es «el resultado de la opinión de una mayoría social» que se «movilizó» contra esta técnica. «El recurso no se puede enmarcar en una simple maniobra jurídica, sino que es un ataque y una vulneración de la soberanía popular», afirma el colectivo, que ha criticado el «sinsentido» que supone que un Gobierno del PP haya recurrido la norma, cuando este mismo partido respaldó la ley en el Parlamento vasco.
Fracking Ez ha denunciado además «la más que posible complicidad del Gobierno vasco en este recurso» y ha pedido al Ejecutivo de Urkullu que, con independencia de lo que ocurra con el recurso, «desista, a través de Shesa, de todos los permisos» que tiene relacionados con la fractura hidráulica.
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