El Rey no está 'en funciones'

Ello resulta bastante claro en lo que a política interior se refiere, pero la situación cambia en el ámbito de la política exterior. El Gobierno se caracteriza constitucionalmente por ser el titular del poder de dirección «de la política interior y exterior, de la administración civil y militar y de la defensa del Estado» (art. 97 de la Constitución). Un Gobierno en funciones no puede adoptar medidas de dirección política en el ámbito interno, y así, por ejemplo, no puede elaborar proyectos de ley. La dirección de la política exterior, sin embargo, exige adoptar medidas continuas: viajes de Estado, participación en organizaciones internacionales, y sobre todo, asistencia y voto en las instituciones europeas: Consejo, Consejo Europeo, y Eurogrupo. En este contexto, nada de extraño tiene el hecho de que el conflicto entre las Cortes y el Gobierno haya surgido por la inicial negativa de Mariano Rajoy a cumplir con el mandato legal (art. 4 de la Ley 8/94 de la Comisión Mixta para la Unión Europea) de comparecer en el Congreso después de una reunión del Consejo Europeo. El Gobierno ha rectificado su postura, pero al margen de este hecho puntual, el problema que subyace en este enfrentamiento es más profundo. La política exterior de España ni puede ni debe paralizarse. El Gobierno no puede abandonar el escenario internacional alegando que está en funciones. Y por ello mismo, el Parlamento puede y debe controlar esa acción exterior. En todo caso, la política exterior debería ser concebida -para ser eficaz- como una política de Estado, por lo que la búsqueda de amplios consensos parlamentarios resulta siempre fundamental y ello con independencia de que el Gobierno esté o no en funciones.

En la ejecución de esa política -bajo la dirección del Gobierno- tiene un papel fundamental el Rey a quien la Constitución atribuye «la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica». Esa representación no está en funciones y resulta difícil de justificar que el Gobierno haya borrado en este tiempo la agenda internacional del jefe del Estado. Nada se puede objetar a la cancelación del viaje del monarca a Arabia Saudí, una teocracia que financia el terrorismo yihadista y contribuye decisivamente a su expansión. Pero la cancelación de los viajes a Reino Unido, Corea del Sur o Japón, no tiene justificación. La Corona británica planifica con más de dos años de antelación los viajes de Estado que limita a dos al año. La visita oficial del Rey a Londres estaba planificada desde hace años y resulta incomprensible que el Gobierno la haya cancelado.

Durante los últimos meses, la actividad internacional de Felipe VI se ha limitado a su asistencia al Congreso sobre la Lengua Española celebrado en Puerto Rico y ello aunque el Gobierno parece ser que inicialmente también era reacio. La asistencia a la inauguración de la ampliación del Canal de Panamá está en el aire puesto que es el 26 de junio, fecha en la que deberían celebrarse nuevas elecciones si la situación de bloqueo político persiste.

En definitiva, aunque la jefatura del Estado no está en funciones, y a pesar de que la política exterior del Estado no puede paralizarse, el Gobierno ha proyectado su interinidad sobre la agenda del Rey y, de esta forma, reducido la presencia activa de España en el concierto internacional.

Todo ello pone de manifiesto que el Gobierno, en definitiva, ha decidido prescindir de la posición y función que la Constitución atribuye al Rey en la esfera internacional. Puede hacerlo, aunque sea un error. Lo que no puede es incumplir con su obligación de tener informado al Rey de los asuntos de Estado, entre los cuales, la política exterior ocupa un lugar destacado. El artículo 62, apartado G de la Constitución establece entre las facultades del Rey la de «ser informado de los asuntos de Estado». De esta facultad se deriva la obligación del presidente del Gobierno, como primer y principal interlocutor del Monarca, de despachar con él, al menos durante una audiencia semanal (que tiene lugar incluso en las vacaciones de verano, en Marivent) y de comunicarle, en todo caso y de forma inmediata, cualquier asunto extraordinario.

El propio presidente del Gobierno ha reconocido ya, probablemente sin ser consciente de ello, que no cumple con esta obligación. Lo hizo el 22 de marzo cuando, cuatro horas después del primero de los brutales atentados islamistas perpetrados en Bruselas, confesó abiertamente que no había hablado con el Rey. Para cualquiera que comprenda el significado y valor de la Corona para la unidad y la estabilidad política de España, este dato es muy preocupante. Revela que el Gobierno en funciones además de estar enfrentado al Parlamento, mantiene una relación con la Corona que, por decirlo con suavidad, es cuando menos discutible.