El PNV pide que se extreme el rigor judicial en el caso De Miguel «dados los antecedentes del fiscal»

El Euskadi Buru Batzar ha reaccionado de esta forma a la petición del fiscal jefe de Álava de penas para los 26 investigados por la supuesta trama de corrupción y cobro de comisiones que presuntamente lideraban tres destacados militantes nacionalistas, el número dos del partido en aquel momento Alfredo de miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. Para ellos, el fiscal reclama 54 años , 32 y 30 años de prisión, respectivamente. En la cúspide de la trama, el fiscal sitúa también a sus respectivas esposas.

El PNV, que ha enviado una nota de valoración a media tarde, reclama el «esclarecimiento total de los hechos y la depuración de todas las responsabilidades, si las hubiere», ha indicado en una nota. «Esta demanda es compatible con la exigencia del respeto a la presunción de inocencia de todas las personas encausadas, elemento básico en todo Estado de Derecho. El PNV -agrega- exige también la no politización de un caso cuyo origen no se localiza en la actividad de un colectivo sino en el supuesto comportamiento de particulares».

A renglón seguido, el aparato nacionalista ha recordado que el partido, en aquel momento con el actual lehendakari Urkullu a la cabeza, actuó «con celeridad, transparencia y determinación, tanto en su responsabilidad al frente de la Diputación foral de Araba --de la que De Miguel era número dos en el momento de su detención-- como en el seno del propio partido. Ya en aquel momento, las personas de EAJ-PNV vinculadas a este caso abandonaron todas las responsabilidades que ostentaban, ya fueran públicas o internas, e hicieron entrega de forma voluntaria de su carné de afiliación». Lo hicieron, eso sí, meses después de que les fuera requerido por el Euskadi Buru Batzar.

El PNV, por último, considera «inusual» la cuantía de las penas (hasta 440 años de prisión para el entramado; de ellos 54 años para Alfredo De Miguel y 32 para Aitor Tellería, ambos exburukides) y las fianzas solicitadas, que en conjunto suman más de 134 millones de euros. Por ello, y «dados los antecedentes del fiscal que las ha pedido, EAJ-PNV demanda se extreme al máximo el rigor procesal y las garantías de un juicio justo. Al mismo tiempo, queda a la espera de conocer los escritos de acusación y también los de la defensa, que sin duda aportarán una visión más global y completa de un asunto tan sensible», zanja.