El gran lunar del PNV

Ni Podemos, ni la izquierda abertzale, ni el final de ETA. El caso De Miguel, la presunta trama de cobro de comisiones ilegales liderada por importantes burukides jeltzales, es a la vez el gran lunar y el principal dolor de cabeza para el partido de Ortuzar.

La razón es obvia. Lo que han destapado las investigaciones del juez Roberto Ramos que hace unos meses cambió de destino y del fiscal Izaguirre es una trama integrada por dirigentes, cuadros y militantes del PNV, incrustrada en instituciones también dirigidas por el partido, que pudo generar hasta 600.000 euros.

A la cabeza del presunto grupo corrupto, uno de los políticos del PNV con mayor proyección de futuro cuando fue detenido en marzo de 2010. Alfredo De Miguel era el número dos del ABB y la persona elegida para hacerse en unos meses con la presidencia regional, además de diputado foral de Álava y el hombre que se encargaba de las relaciones con partidos y empresarios.

El riesgo era tan alto para el partido que el EBB, entonces presidido por el actual lehendakari Iñigo Urkullu, después de muchas horas y de muchos contactos internos, no dudó. El diputado general de Álava, Xabier Agirre, tomó una medida ejemplar: cesó de inmediato a De Miguel como diputado. Urkullu y Agire exigieron al alimón a los tres principales imputados (De Miguel, Aitor Tellería y Koldo Otxandiano) que devolvieran el carné al partido de forma cautelar ante unos hechos tan «chapuceros, asquerosos e indecentes».

Durante seis meses fue en vano. El trío se resistió a acatar la exigencia, colocando así al EBB en una posición más que incómoda. Finalmente, en enero de 2011, tras un intenso encuentro entre De Miguel y Joseba Egibar el burukide alavés formaba parte del sector independentista que lideraba el presidente del GBB accedieron a entregar los carnés. Eso sí tras hacer pública una declaración que luego cobraría sentido: «Nosostros hemos hecho lo que nos pedíais. Ahora os toca a vosotros demostrar que no nos dejáis solos», lanzaron retadores.

Y el EBB, tan duro y exigente en los primeros días, cambió de discurso cuando el Parlamento vasco investigó los hechos y condenó la trama con el voto favorable de todos los partidos... excepto el PNV. Los jeltzales dijeron por boca de María Eugenia Arrizabalaga, mano derecha de Egibar y recién elegida miembro del EBB que las conclusiones de la investigación carecían de «ecuanimidad» y que sólo servían para «alimentar el linchamiento mediático que han sufrido y sufren» sus compañeros.

El PNV abrazaba el discurso facilón de otros grandes partidos (PP, PSOE o CiU) que ante la aparición de escándalos de corrupción que salpicaban a los suyos culpaban al mensajero, a la Prensa, y/o a los jueces. La pregunta nunca contestada es por qué si piensan eso no han devuelto el carné a esos compañeros procesados. ¿O lo han hecho en secreto? Y, sobre todo, por qué no se habilitaron los medios policiales necesarios para que las indagaciones judiciales hubieran podido avanzar más rapidamente y mejor.

El PNV tiene pánico a que el juicio pueda coincidir con la campaña a las elecciones autonómicas de noviembre. En el Palacio de Justicia de Álava nadie cree que tal cosa vaya a suceder. La creencia general es que la vista oral será tras los comicios.

Si al final hay condenas, ¿qué hará el PNV, que siempre ha vendido que Euskadi es territorio limpio de corrupción?. ¿La culpa seguirá siendo de un juez, un fiscal y de la prensa? ¿O pedirá perdón a la sociedad por los graves delitos presuntamente cometidos por unos cuantos de los suyos, sin que los necesarios controles detectaran nada irregular?