La Comunidad de Madrid pagó a través del Canal de Isabel II trabajos de reputación 'online' para Ignacio González

Así consta en el sumario de la trama presuntamente liderada por el ex secretario general del Partido Popular (PP) madrileño, Francisco Granados, en el que aparece el testimonio que Adrián de Pedro, hermano del informático y "estrecho colaborador" en sus negocios, prestó el 27 de octubre de 2014.

En su declaración "ni se cita a Indra ni se citan supuestos pagos a Indra; tan sólo se cita que la facturación ficticia que se está pagando a Eico y Madiva se está haciendo a través del Canal de Isabel II".

La encargada de facturación de dichas mercantiles, Guadalupe Caballero, también mencionó en la declaración que prestó en calidad de testigo el 5 de febrero de 2015 que Alejandro De Pedro le pidió anotar "a cuenta de la deuda con la Comunidad de Madrid" que se han abonado 14.000 euros. En esa comparecencia, señaló que "la deuda que tenían las empresas de De Pedro con la Comunidad de Madrid de 140.000 euros le indicaron que la iba a pagar el Canal de Isabel II", añade.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco subrayó en un auto dictado el pasado junio que el exconsejero madrileño Salvador Victoria ordenó pagar a De Pedro y los traspasos de efectivo se realizaron "por parte de las empresas Canal de Isabel II, Indra o el empresario Sergio Ortega, sin aparente contraprestación, pero en función al cargo público que ostentaba en la Comunidad de Madrid".

De hecho, la Guardia Civil preguntó en octubre de 2014 al experto en redes sociales, Alejandro de Pedro, por los tres sobres con 82.500 euros que habían sido localizados en su domicilio, dentro de dos chaquetas. El respondió que 2.500 euros, en billetes de cincuenta, procedían de un supuesto pago que le había hecho Indra y el resto eran ahorros suyos y de su mujer.

Un sobre con 10.000 euros

Además, explicó que el que fuera consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás, le indicó que parte de la deuda que el Ejecutivo regional tenía con sus empresas, que ascendía a 140.000 euros, se haría a través de Indra. En este sentido, mostró su "sorpresa" por el hecho de que una persona de dicha mercantil le entregó un sobre con 10.000 euros en un vehículo en La Moraleja sin entregarle factura alguna.

En el 'caso Púnica' se investigan las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El juez les envió el 30 de octubre de 2014 a prisión por formar parte de una "organización criminal".