Sortu reconoce en público por primera vez la existencia de un riesgo de escisión

Aunque lo hace de una manera muy sucinta -apenas es un párrafo- y sin poner nombre a la corriente que supone ese riesgo de escisión. Incluso en un intento de minimizar esa posibilidad, hablan de ello como si fuera algo del pasado. «Ha habido un intento de escisión desfigurando el debate político sobre la amnistía», advierten en el documento presentado ayer en San Sebastián por Marije Fullaondo, dirigente de Sortu, e Igor Arroyo, del sindicato LAB. «Personas que se mostraron en desacuerdo con la actual estrategia decidieron priorizar el uso de esa reivindicación», continúa el texto, que alude de esta manera y sin mencionarlo al Movimiento Pro Amnistía -que en un primer momento recibió el nombre de ATA, por las siglas de Amnistia Ta Askatasuna-.

Este colectivo de disidentes ha cobrado notoriedad en el último año al desafiar en público la autoridad de los dirigentes de Sortu. Hasta el punto de convocar manifestaciones alternativas por los presos de ETA frente a las movilizaciones respaldadas por la izquierda abertzale oficial. El último ejemplo se produjo el pasado 9 de enero cuando el Movimiento Pro Amnistia se manifestó por el Casco Viejo de Bilbao tras participar en la marcha de Sare en la que se reclamó el final de la dispersión.

El documento que ahora ha sido repartido entre las bases reduce, no obstante, el alcance del peligro de ruptura. «Evidentemente -explican los autores del informe- todas las personas que posteriormente han confluido en torno a la reivindicación de la amnistía no son partícipes de ese intento» de escisión.

Todo ello se enmarca dentro de un extenso análisis en el que los actuales responsables de Sortu diseccionan tanto el recorrido del partido desde la ponencia Zutik Euskal Herria -la que conllevó su ruptura con las estrategias violentas del pasado y su respaldo a ETA- como la línea que, a su juicio, deben adoptar en el futuro más inmediato.

La formación independentista, con un evidente tono de autocrítica, reconoce que el proyecto que representó Bildu al presentarse a las elecciones municipales y forales de 2011 «ha perdido frescura» y su «capacidad inicial para incorporar a más sectores y personas». Interpreta como uno de los «riesgos» para la coalición el que «se identifique completamente» a EH Bildu con la izquierda abertzale porque ello «dificultaría atraer» hacia la coalición independentista a los votantes que no se alinean con un «partido en concreto». Propone, en este sentido, «superar» el «modelo de dirección KAS» y dejar atrás «el modelo cerrado de partido dirigente» que está asentado «en el acervo político de la izquierda abertzale».

Los dirigentes de Sortu, convencidos de que tanto esta formación como la coalición deben girar hacia un discurso de mayor reivindicación social, más plural y menos centrado en el conflicto político -aunque sin olvidarlo-, reconocen «cosas mal hechas» durante los últimos años. Admiten que han intentado «gestionar el nuevo tiempo con instrumentos viejos» y aluden, por ejemplo, a la falta de «transparencia» en la toma de decisiones y a «las carencias en democracia interna».

Transferencia de prisiones

El documento para el debate interno guarda también apartados especiales para ETA y los presos de la banda terrorista. Por un lado, asegura que la cúpula etarra «ha cumplido todos sus compromisos», mientras critica que el Estado español no lo ha hecho. Acusa así al Gobierno central de tener «como objetivo imponer el relato del vencedor» y de estar aferrado a una «cicatera actitud» para abordar el desarme.

Sobre las peticiones que tanto el PNV como el Ejecutivo autónomo han cursado a Sortu para que asuma el «daño injusto causado», el partido de Arraiz dice que «no puede aceptar» que «con la excusa de una lectura crítica del pasado» tenga que «renegar de sí misma», «admitir lo que no es verdad, negar la raíz política del conflicto y dar por mala la aportación que ha hecho».

Y en referencia a los reclusos de ETA insiste en la necesidad de planes «individualizados» para su paulatina excarcelación. En este sentido, propone como una vía para agilizar la libertad del colectivo el que sea transferida al Gobierno vasco la política penitenciaria y la gestión de las cárceles.