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José Mari Reviriego
Jueves, 28 de enero 2016, 02:05
Las máximas autoridades institucionales de la Comunidad Valenciana de los últimos años están bajo sospecha por su presunta implicación en sonados escándalos de corrupción o ... por haber coqueteado con sus diferentes tramas: Francisco Camps, exjefe de la Generalitat valenciana; Juan Cotino, expresidente del Parlamento autonómico; Alfonso Rus, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll, exresponsables de las diputaciones de Valencia, Castellón y Alicante; y Sonia Castedo, exalcaldesa de la capital alicantina. Todo el poder institucional en el disparadero y, aun así, el PP ha vuelto a ganar las elecciones generales el pasado 20 de diciembre con un tercio de los votos en cada provincia.
¿Por qué está tan enraizada aparentemente la corrupción en la comunidad? ¿Es la sociedad valenciana tolerante con las supuestas irregularidades cometidas por sus gestores públicos? Son algunas de las preguntas que varios analistas consultados por este periódico tratan de resolver, en un repaso en profundidad a las causas que han provocado esta sucesión sin fin de escándalos, vistos con una indisimulada perplejidad desde otras autonomías.
El regionalismo - Bandera del PP
La identidad valenciana frente al catalanismo
El Partido Popular sigue en plena mascletá en la comunidad, a pesar de las investigaciones en marcha y de los procesamientos de algunos de sus más relevantes representantes. Francisco Sánchez, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Valencia, señala a los «problemas de identidad» para tratar de explicar la proliferación de escándalos con la que está cayendo. A su juicio, los valencianos han forjado parte de su carácter identitario en la «tensión» que viven con sus vecinos, especialmente con Cataluña, a la que muchos ven como una amenaza por las aspiraciones territoriales del independentismo en busca de los Países Catalanes. En este contexto, señala el politólogo, el PP ha abanderado el valencianismo, entendido desde una perspectiva «regionalista» como un aliado de España y una muralla de contención a la eventual expansión del catalanismo.
El PP nacional, en plena pugna contra el desafío soberanista catalán, confió en esa función de sus compañeros a orillas del Turia, desarrollada en los tiempos de Francisco Camps. El expresidente del Gobierno valenciano fue uno de los principales artífices de la continuidad de Mariano Rajoy al frente del partido en el convulso congreso celebrado en Valencia en 2008. En ese cónclave, el respaldo del barón Camps resultó clave para que Rajoy revalidara el liderazgo cuando le estaban moviendo la silla. De alguna forma, Rajoy luego les dejó hacer, a pesar de las reiteradas alarmas. «Las redes clientelares y la falta de controles hicieron el resto», explica Sánchez, miembro de la Asociación de Comunicación Política.
Imelsa - Oficina de colocación
Los socialistas, más líos internos que oposición
La aparente impunidad con la que los cargos corruptos del PP se han comportado durante años cuestiona la eficacia de los controles tanto internos como externos. Los socialistas valencianos perdieron la Generalitat en 1995, cuando Joan Lerma fue sustituido por el popular Eduardo Zaplana. Instalado desde entonces a la cabeza de la oposición, «el PSOE ha estado más pendiente de sus crisis internas que de realizar una verdadera labor de fiscalización» a los responsables institucionales en la comunidad. Esta es la opinión de un profesor de Ciencia Política ya jubilado que trabajó además durante más de tres décadas en la Diputación valenciana.
En conversación con este periódico, el analista, que prefiere seguir en el anonimato, denuncia que la empresa pública Imelsa, dependiente de esa Administración y situada ahora en el ojo del huracán por el caso Rus, funcionaba como «una agencia de colocación» para cargos del PP y del PSOE. Fue este último partido el que puso en marcha la sociedad para el impulso económico con el ánimo de «evitar los controles del interventor», según las mismas fuentes, conocedoras de las interioridades administrativas.
En su opinión, el funcionamiento «clientelar» de las diputaciones, volcadas en la concesión de obras públicas, está en el origen de algunas de las tramas corruptas más sonadas y de los fracasos más clamorosos. Varias de esas inversiones se revelaron fallidas, pese a su alto coste, como son los casos del aeropuerto de Castellón o Terra Mítica. «Sirvieron para alimentar el clientelismo», advierten los mismos medios.
No es de extrañar que el territorio valenciano encabece el ránking de las comunidades más endeudadas en función del PIB -más de 40.000 millones de euros, el 40% de su riqueza, según el dato más reciente-. Como comparación, Euskadi debía 9.800 millones, el 15% de su PIB. También era revelador que la plantilla de su ya extinta televisión autonómica fuera la más inflada de los medios en España. Canal 9 llegó a contar con 1.800 trabajadores, más que Antena 3, Telecinco y la Sexta juntas. Otra agencia de colocación encubierta, presuntamente.
Ley de Transparencia - Fallida
Una generación de políticos corruptos
El politólogo José Luis Sahuquillo prefiere «circunscribir» los escándalos a «una generación de políticos corruptos más que a un problema cultural instalado en la sociedad valenciana». A su juicio, esos mismos cargos públicos señalados «se han retroalimentado entre ellos», como lo demostrarían los vínculos en Alicante entre Ripoll y Castedo en la operación Brugal.
Director de Gobernatia, escuela orientada a la formación de cargos electos y futuros candidatos electorales, Sahuquillo subraya que la Ley de Transparencia ha fallado al ser aprobada «a golpe electoral y populista» en las Cortes valencianas, cuyo propio presidente dimitió bajo la sombra de la trama Gürtel en la visita del Papa a Valencia. Frente al fracaso de los controles, la reciente labor de denuncia de Compromís y de Esquerda Unida han sido «determinantes» en la lucha contra la corrupción. Mientras, el PP se debate entre «la flagelación» y la renovación para pasar página a una generación corrupta que, «lamentablemente», seguirá dando que hablar.
La cuestión social - El civismo
Un «problema de educación y dejadez»
El periodista Ignacio Carrión considera que una de las causas de que la corrupción haya llegado hasta el tuétano en la comunidad reside en la sociedad. «No me gusta generalizar, pero el pueblo tiene una culpa enorme por su dejadez. Hay un problema de educación, de civismo, visible en Valencia. Esta ciudad tiene un profundo defecto. Unos miran hacia un lado y otros intentan aprovecharse si pueden. ¿Para qué enfrentarse?», explica decepcionado.
Carrión lo vio venir hace diez años en un artículo titulado Cuando la corrupción es la ley, publicado en El País. «Esto solo ocurre donde los escándalos ya no escandalizan a nadie», escribía tras visita el hotel Atrium, entonces el más grande de Europa, construido sin licencia junto a una pequeña cala.
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