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elcorreo.com
Miércoles, 20 de enero 2016, 13:02
El portavoz de Sortu, Pernando Barrena, ha afirmado que el acuerdo logrado en la sentencia del macrosumario de la operación de Segura de 2007 por miembros de Batasuna, AVT y Fiscalía, no supone que los miembros de la izquierda abertzale hayan admitido que realizaban su ... actividad política al servicio de ETA. En este sentido, ha asegurado que «los que dicen eso no han leído lo que firmamos en la Audiencia Nacional». El acuerdo entre la acusación pública y los miembros de la izquierda abertzale se produjo la semana pasada y permitió que los acusados, entre los que se encontraba el propio Barrena y otros 34 dirigentes de la izquierda abertzale, evitaran la cárcel al haber reconocido los hechos que se les imputaban y reconocer el daño causado a las víctimas.
«Nos dijeron que debíamos admitir nuestra participación en los hechos, y esos hechos son los que enumera la Fiscalía en su escrito de acusación. En mi caso, por ejemplo, enumeró 120 actividades, y todas eran reuniones, entrevistas como ésta en radios, televisiones o periódicos, intervenciones políticas, manifestaciones, mera actividad política. Por lo tanto, se nos pidió que dijéramos que habíamos realizado esa actividad política y no tuvimos ningún problema en firmar eso», ha explicado.
Pernando Barrena ha asegurado que, cuando firmaron el acuerdo, «teníamos muy presente que podría tener un efecto positivo», aunque ha advertido de que «no tenemos la seguridad de que las partes vayan a mantener la misma postura en el futuro». «Nos gustaría que sí, porque abre una posibilidad para terminar definitivamente con esos juicios que tienen una tendencia totalmente política», ha añadido.
Además, ha destacado que no se ha podido llegar antes a ningún acuerdo de este tipo «porque es la primera vez que la Fiscalía ha tenido esta actitud en la Audiencia Nacional y la primera vez que presenta a los imputados la posibilidad de llegar a un acuerdo».
Dispersión
Por otra parte, Barrena ha afirmado que que «no hay plazos» para que el denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos, EPKK, tome una decisión sobre la propuesta realizada por la formación de la izquierda abertzale para que los reclusos de ETA se acojan a los beneficios que otorga la Ley penitenciaria porque se trata de 400 personas, «que están totalmente dispersadas y con tremendas dificultades incluso para comunicarse entre ellos».
«No hay plazos. Seguramente, a la gente le resultará difícil de entender todo esto, pero, cuando hablamos del colectivo de presos, hablamos de unas 400 personas, que están totalmente dispersadas y con tremendas dificultades incluso para comunicarse entre ellos. Por lo tanto, tomar decisiones en un colectivo como el de los presos, no tiene nada que ver con la toma de decisiones de un colectivo que está en la calle haciendo vida real», ha explicado.
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