Podemos y la cuestión territorial

Sorprende, en primer lugar, la tranquilidad y el aplomo dialéctico con que Errejón o Maura han venido repitiendo que el Concierto Económico es una institución solidaria. Es verdad que tanto el PSE como el PP han venido aceptando dicho privilegio para evitar su desaparición del mapa electoral vasco. Y es verdad que han dado así por buena la tesis, difundida por el PNV, de que el enganche constitucional del País Vasco con España es un modelo de financiación histórico al que se le añadió sin mayor reflexión la fiscalidad democrática en 1978. Sin embargo, pasar de la necesidad a la virtud, como hace Podemos cuando afirma que el Concierto es expresión de la fraternidad ciudadana, es cosa bien distinta.

Diversos estudios vienen señalando, en este sentido, que el País Vasco y Navarra cuentan con un sistema de financiación que supone un subsidio encubierto de unos 2000 euros por persona y año con respecto al resto de comunidades autónomas. Si a lo que se recibe se añade lo que uno se ahorra con el cálculo no actualizado del Cupo, nos encontramos con que las haciendas vascas y navarra cuentan con un superávit de partida cercano al 10% del PIB a la hora de realizar sus presupuestos. Solo si se aceptan los postulados del foralismo tradicional, se puede afirmar sin aparente contradicción que los vascos somos entonces solidarios: lo somos con nosotros mismos, pero no con el resto de ciudadanos de España, de la que jurídica y políticamente formamos parte.

Pero las incoherencias continúan con la cuestión nacional. Como ya se sabe, para resolver las tensiones territoriales que vive nuestro país, Podemos ha hecho suya la principal reivindicación independentista: realizar un referéndum vinculante para que los distintos territorios decidan si se separan de España. En este ámbito los dirigentes el partido justifican la propuesta en principios difícilmente objetables, como es el caso de la pretendida multilateralidad. Pero bien pensado, nada resulta más unilateral que reconocer como obligatorio el resultado de una consulta sobre la secesión. En tal caso se estaría transformando una aspiración política que en Canadá y Reino Unido se ha reconducido mediante la negociación política, en un derecho colectivo accionable al estilo de la antigua Constitución yugoslava o la actual Constitución etíope. Solución que implica, pocas veces se dice, una reforma constitucional agravada que reconozca la divisibilidad de la nación española, como ha venido repitiendo el Tribunal Constitucional en sus diversas sentencias sobre el tema.

Pero las dificultades se acrecientan cuando se intenta además hacer un relato democrático de la secesión, sobre todo cuando, como en el caso de Podemos, se defiende un modelo democrático basado en lo que Rosanvallon ha denominado como la sociedad de los iguales. Desde que emergió sorpresivamente en las elecciones europeas de 2014, el partido de Pablo Iglesias ha reivindicado el fin de los privilegios fiscales de la élite económica y la necesidad de actualizar los instrumentos de intervención que sirven para lograr una mejor redistribución de las rentas. Esta posición parte de la premisa de que todos los ciudadanos están moral y jurídicamente obligados a ceder una parte de su patrimonio, en la medida en que forman parte de una comunidad de justicia superior. Los ricos evasores, los bancos rescatados y las empresas deslocalizadas son los grandes enemigos de las sociedades democráticas que pretenden superar las desigualdades que ha puesto en primer plano el famoso economista francés Piketty, quien por cierto asesora a la formación de Pablo Iglesias.

Pues bien, esta concepción igualitaria choca con la idea libertaria de permitir que un grupo de ciudadanos, territorialmente localizados, puedan separarse de la comunidad política a la que democráticamente están vinculados. Por esta vía todos los esfuerzos previos para legitimar la justicia social quedan neutralizados, más si se esgrimen problemas culturales y económicos imaginados. Siempre podrá decirse, como repiten los líderes de Podemos, que están a favor del derecho de autodeterminación pero en contra de que Cataluña y País Vasco se vayan de España. Pero esta no deja de ser una falacia metodológica: no solo porque Colau y Rabell votaran con un doble sí en el referéndum de 9 de noviembre de 2014, sino porque para el independentismo no hay diferencia entre medios y fines. Una vez reconocida la posibilidad de un referéndum secesionista, éste se repetirá hasta que el resultado sea el esperado.