El Rey y las formas

En nuestra Monarquía parlamentaria -como en cualquier Estado constitucional- el respeto a las formas es muy importante. Las formas no son un ropaje prescindible y del que se pueda privar a determinados actos, sino que expresan y traducen valores y principios de carácter sustantivo. Desde esta óptica, diversos acontecimientos políticos de los últimos días resultan francamente preocupantes. Me referiré concretamente a dos: la fórmula de juramento o promesa empleada por ciertos representantes políticos y la negativa de algunos de ellos (ERC y Bildu) a entrevistarse con el Rey según establece el artículo 99 de la Constitución.

La semana pasada, tras su elección por el Parlamento de Cataluña como presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont prometió su cargo con una fórmula que no incluía la lealtad al Rey ni a la Constitución. Desde la óptica del Estado constitucional, esa promesa carece de cualquier valor y, en puridad, su vacuidad supone un vicio jurídico que podría afectar a la validez del acto. Posteriormente, cuando la presidenta de la Cámara legislativa catalana, solicitó una audiencia con el Rey para comunicarle personalmente -como es costumbre constitucional- la designación, la Casa Real le denegó la audiencia solicitándole una mera comunicación escrita -no presencial- del nombramiento. Con esa negativa, la Casa Real pretendió, por una parte, mostrar su rechazo tanto a la singular promesa realizada por el nuevo presidente catalán, como al proyecto insurgente que defendió en su discurso de investidura; y por otro, evitar que la visita sirviera para dar juego y publicidad al independentismo. Ahora bien, la negativa impidió, de hecho, que el Rey pudiera ejercer su función moderadora con la presidenta catalana.

En el escenario nacional, la semana pasada asistimos a la constitución de las nuevas Cortes, donde muchos diputados y senadores utilizaron para prometer su cargo la fórmula que se les antojó. Se ampararon en la muy discutible doctrina del Tribunal Constitucional al respecto que, en la práctica, priva de sentido y vacía de significado a la promesa del cargo. Algunos parlamentarios confundieron el Parlamento con un plató de televisión. Las formas dejaron también mucho que desear.

Por otro lado, el Rey inició ayer las conversaciones con los portavoces de las quince fuerzas políticas que han obtenido representación parlamentaria. No con los representantes de los Grupos Parlamentarios, porque estos todavía no se han constituido, sino con los portavoces designados por todos y cada uno de los partidos que se han presentado a las elecciones, aunque sea en coalición con otros. Estas conversaciones son las «consultas regias» previstas en el artículo 99 de la Constitución como primera fase del procedimiento para la designación del nuevo presidente de Gobierno. El objeto de las mismas es que los diferentes partidos hagan saber al jefe del Estado a qué candidato estarían dispuestos a apoyar como presidente del Gobierno. En este contexto, dos fuerzas políticas, ERC y Bildu han manifestado su propósito de no acudir a las consultas. Se trata de otro caso de falta de respeto de las formas y usos de la Monarquía parlamentaria, jurídicamente inconsistente y políticamente preocupante.

El rechazo a participar en las consultas regias sólo puede ser calificado como un acto de obstrucción al procedimiento de investidura. No cabe alegar que se trata simplemente de la renuncia al ejercicio de un derecho por la sencilla razón de que las audiencias con el Rey previstas en el citado artículo 99 no se configuran sólo ni principalmente como un derecho de los partidos en cuestión, sino sobre todo como una obligación constitucional. Obligación cuyo incumplimiento no lleva aparejada sanción jurídica alguna, pero que deriva del principio de lealtad constitucional sin el que ningún Estado constitucional puede funcionar y que proscribe los comportamientos meramente obstructivos.

El objetivo que persiguen ERC y Bildu es mostrar su rechazo a la democracia constitucional española y a la institución que encarna y simboliza la unidad del Estado. Ahora bien, ese rechazo no les ha impedido concurrir a los comicios y tomar posesión de sus escaños. Asistimos así a la formidable paradoja de actores y fuerzas políticas que integradas en el sistema político, siguen sosteniendo un discurso antisistema. El Rey con el que rechazan reunirse no es un símbolo antidemocrático, sino un símbolo de la democracia; lo que resulta antidemocrático es el comportamiento de quienes no respetan las formas de la Monarquía parlamentaria.