Réquiem por la Transitoria Cuarta

Se repite así lo ocurrido hace exactamente cuatro años. En 2011, Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular también se presentaron unidos a las elecciones generales, y UPN apoyó la investidura de Rajoy. El partido regionalista navarro pretendía ya entonces -como contrapartida- la supresión de una Disposición que convierte de hecho a la Comunidad Foral de Navarra en una comunidad autónoma provisional. Sin embargo, no se conoce iniciativa alguna de Rajoy, ni de su partido, a favor de la derogación de la Disposición. Es más, a lo largo de la legislatura, todos sus esfuerzos han ido en la dirección contraria. Rajoy ha rechazado siempre, con contundencia, la conveniencia y oportunidad de abrir un proceso de reforma constitucional. Frente a las peticiones del resto de los partidos y de una gran parte de la sociedad española, el Partido Popular se ha opuesto a la reforma de la Constitución, y esa oposición ha hecho inviable la supresión de la Disposición que nos ocupa.

Es cierto que hubo un día -una mañana del mes de agosto- en que el presidente defendió la conveniencia de abrir un proceso sereno de reforma constitucional, y avanzando más, subrayó que el informe del Consejo de Estado elaborado en la VIII Legislatura bajo la dirección del profesor Rubio Llorente era un excelente punto de partida. Añadió incluso que el «magnífico» informe fue aprobado «por unanimidad» del Consejo de Estado. Ciertamente, el informe tiene un gran valor y se configura como una aportación indispensable al debate sobre la reforma. Con todo, no es cierto que fuera aprobado por unanimidad, es decir, por la totalidad de los consejeros. La unanimidad no fue tal porque hubo un voto en contra. Uno solo, pero suficiente para que no pueda hablarse de unanimidad. Y dado que el autor de ese voto -tan incomprensible como único- fue José María Aznar, Rajoy no podía haber olvidado su existencia. Con todo, esa opinión matinal a favor de la reforma fue abandonada esa misma tarde y reemplazada por la tesis tradicional (la de José María Aznar en su voto contrario al informe) contraria a cualquier proceso reformista.

El acuerdo alcanzado entre UPN y el PP obliga a este último a matizar su oposición a la reforma constitucional. En la medida en que el PP se compromete con UPN a apoyar la supresión de la Disposición Transitoria Cuarta, es obvio que, al menos en un tema, sí es partidario de la reforma constitucional.

En este contexto, la novedad reside en que a diferencia de lo ocurrido en esta legislatura, la supresión de la Transitoria Cuarta sí que podría llevarse a cabo -con bastante probabilidad- en la que se abra tras las elecciones del 20 de diciembre. La supresión requiere que la reforma se lleve a cabo por el procedimiento ordinario del artículo 167. El mismo que se empleó en 2010 para modificar el artículo 135 relativo a la estabilidad presupuestaria. Este procedimiento exige que la reforma sea apoyada por tres quintos de los diputados, es decir por 210 votos.

Si al compromiso adquirido por el Partido Popular sumamos, por un lado, el hecho de que Ciudadanos ha incluido expresamente en su programa, en el marco de una reforma amplia del Estado autonómico, la supresión de la Transitoria Cuarta; y por otro que -a pesar de sus ambigüedades- la propuesta del PSOE a favor de una reforma federal implica necesariamente que la Constitución recoja el elenco de comunidades que conforman el Estado y que, en consecuencia, ninguna de ellas podría ser suprimida sin una reforma constitucional expresa, la suerte de la Transitoria Cuarta está echada.

En definitiva, el año próximo va a abrirse en España un nuevo escenario en el que la reforma de la Constitución va a ocupar un protagonismo destacado. Los principales actores van mostrando sus cartas. Ciudadanos apuesta por el necesario cierre del modelo autonómico, lo que supone fijar en la Constitución el número de comunidades y el reparto competencial. El PSOE defiende un modelo federal que, a pesar de sus ambigüedades, incluye la constitucionalización del mapa autonómico actual. Y la constitucionalización del mapa implica necesariamente la supresión de la Transitoria Cuarta. El único partido que, a fecha de hoy, sigue oponiéndose a las reformas, el Partido Popular, se ha comprometido excepcionalmente a apoyar la supresión de la Transitoria Cuarta. Todas las encuestas vaticinan que la suma de escaños que previsiblemente lograrán Ciudadanos, PSOE y PP excederán con mucho la mayoría de tres quintos de los diputados (210) requeridos para suprimir la Transitoria Cuarta.

Ahora bien, lo deseable sería que esa supresión no fuera un acto aislado, sino que se llevara a cabo en el marco de una reforma constitucional coherente del modelo de organización territorial del poder.