Cuarenta años después del fallecimiento del dictador Franco, y a dos semanas de unas elecciones generales que van a dar lugar a un escenario político pluripartidista diferente al usual durante las últimas décadas, celebramos el 37º aniversario de la Constitución.
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La Constitución ha proporcionado a ... los españoles las mayores cotas de libertad y prosperidad de toda su historia. La gravedad de la crisis no puede hacernos olvidar que la sociedad española actual, afortunadamente, tiene muy poco que ver con la de 1975. Baste recordar que a la altura de 1973 las mujeres casadas no podían solicitar el pasaporte o concluir determinados negocios jurídicos sin el permiso de su marido; el analfabetismo no había sido erradicado y el número de estudiantes universitarios aunque se había incrementado era escaso en comparación con nuestro entorno; el divorcio no era legal, los anticonceptivos estaban prohibidos, etc. A la muerte de Franco, la sociedad española había experimentado una serie de transformaciones sociales y económicas que hacían necesario un cambio político y jurídico y que son las que explican el éxito de la Transición. La Constitución de 1978 fue el resultado y la conclusión de ese proceso de cambio. Esto es algo que conviene recordar. No fue el cambio constitucional el que provocó el cambio social, sino que fueron las transformaciones sociales y económicas experimentadas por la sociedad española las que determinaron el cambio político que se materializó en la Constitución de 1978.
A la hora de conmemorar su 37º aniversario es preciso por ello recordar que la Constitución no es una norma que pueda fundamentarse a sí misma o que repose en el vacío, sino que es la expresión política y la traducción jurídica de un orden material de valores encarnado en el cuerpo social. La Constitución se basa en la aceptación social generalizada de ese orden y, en definitiva, en la sociedad. De ahí la importancia que reviste el denominado «sentimiento constitucional» (Lucas Verdú), esto es, la adhesión de la inmensa mayoría de los ciudadanos a los valores y principios que la Constitución encarna. El sentimiento constitucional es muy fuerte en países con larga tradición democrática. Su fortaleza es evidente en países como Estados Unidos o, como hemos podido comprobar con ocasión de los criminales atentados del mes pasado, en Francia. Ese sentimiento o adhesión es lo que permite hablar de esas Constituciones como realidades vivas. En otro caso, la Constitución acaba convertida en letra muerta.
Desde esta óptica, no resulta ocioso plantearse los siguientes interrogantes: ¿en qué medida la Constitución de 1978 suscita la adhesión de los ciudadanos? ¿Qué hacer para que el vínculo moral entre los ciudadanos y las instituciones de la Monarquía parlamentaria no decaiga?
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La crisis política, económica, institucional y territorial que vivimos no ha puesto en cuestión el significado y valor de la Constitución de 1978. El Partido Popular, el PSOE, y la formación emergente Ciudadanos, coinciden en su defensa de la vigencia del texto de 1978. Incluso Podemos ha reemplazado su discurso inicial a favor de un nuevo proceso constituyente por otro basado en la necesidad de efectuar importantes ajustes en la Constitución actual. Por otro lado, las encuestas confirman que los ciudadanos, acertadamente, responsabilizan de la situación a los actores políticos, principalmente a los partidos, y no al texto constitucional. Y una de las cosas que más les reprochan es su incapacidad para alcanzar acuerdos sobre los grandes problemas a los que nos enfrentamos.
Esa incapacidad fruto del sectarismo y polarización que desde hace años se impuso en la política española ha impedido entre otras cosas que se lleven a cabo las reformas que la Constitución requiere. La reforma de la Constitución es la asignatura pendiente de nuestra democracia. Todas las de nuestro entorno han sido objeto de diversas reformas para adaptarlas a los nuevos tiempos. La nuestra es la única que en 37 años sólo ha experimentado dos reformas de limitado alcance. Y en ello reside su principal debilidad. La experiencia histórica confirma que las Constituciones que no se reforman acaban pereciendo. Por ello, la mejor manera de defender la Constitución es reformarla cuando es preciso.
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En este contexto, uno de los principales retos de las nuevas Cortes que surjan de las elecciones del próximo día 20 será llevar a cabo las reformas que la arquitectura constitucional de 1978 requiere. Sin ánimo exhaustivo alguno, baste recordar que el texto de 1978 no recoge un modelo de organización territorial, no dice cuántas ni cuáles han de ser las comunidades autónomas, ni establece con claridad el reparto de competencias entre ellas y el poder central; tampoco menciona la Unión Europea, ni reconoce nuestra condición de Estado integrado en ella con todas las consecuencias; continua discriminando a la mujer en la sucesión a la Jefatura del Estado; sigue figurando en ella la pena de muerte; el sistema de garantías de ciertos derechos (salud y seguridad social) es insuficiente; el diseño institucional de algunas instituciones (CGPJ y Tribunal Constitucional) no garantiza su necesaria independencia, etc.
Las nuevas Cortes habrán de hacer para ello un esfuerzo similar al de las que hace 37 años alumbraron el consenso constitucional. El consenso no es el punto de partida sino el de llegada. La reforma servirá entonces para refundar el pacto constitucional, para potenciar el sentimiento constitucional de la ciudadanía y, en definitiva, para garantizar la supervivencia de la Constitución como realidad viva.
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