El último gran juicio a Batasuna sienta en el banquillo a 35 dirigentes

Están acusados de un presunto delito de integración en banda terrorista ya que, según el Ministerio Público, «contribuyeron» a la estrategia de ETA para que Batasuna pudiera sortear su ilegalización a través de la «fagocitación» de las estructuras de ANV y EHAK entre los años 2005 y 2009.

Se trata de la tercera vez en la que se ha convocado esta vista oral. En origen debía haberse celebrado a partir del 12 de enero pasado, pero una operación policial contra el colectivo de abogados que representan a los presos de ETA, acusados de supuestamente hacer de enlace entre los reclusos y la cúpula de la banda, obligó a suspender el arranque del juicio. Varios de los abogados arrestados, y que quedaron en libertad a los pocos días, estaban al frente de la defensa de los procesados en la causa contra Batasuna, EHAK y ANV.

La operación policial que abrió el sumario contra estos 35 dirigentes de la izquierda abertzale estuvo dirigida por el entonces juez Baltasar Garzón y se llevó a cabo a partir de una reunión que la mayoría de ellos mantenían la localidad guipuzcoana de Segura en octubre de 2008. En un expediente paralelo deberá ser juzgado el actual presidente de Sortu, Hasier Arraiz, que al ser parlamentario vasco y estar aforado deberá ser procesado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El juicio en este caso no se espera para antes de la primavera.

El escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía sitúa desde octubre de 2005 hasta 2009 la relación entre lo que el Ministerio Público llama «entramado institucional de ETA-Batasuna» y los partidos EHAK y ANV. Según la acusación la «colaboración» entre la formación ilegalizada y Acción Nacionalista «se compró» en una reunión el 24 de enero de 2003. Para el fiscal, la «instrumentalización» de ANV se acreditó en la «sumisión» de esta formación a las directrices marcadas por Batasuna y en la existencia de un sistema de tesorería común o caja única.

En cuanto a EHAK, cuyas sedes usaban los dirigentes de Batasuna, según este escrito, el Ministerio Público considera que fue «fagocitada» por la coalición ilegal, hasta el punto de que el partido, que llegó a tener 9 representantes en el Parlamento vasco, contrató asesores «provenientes» de Batasuna.