CAMPEA EL CID

Rajoy ha firmado con la derechona navarra que casi arruinó la comunidad foral un pacto: en la próxima legislatura suprimirá la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución. Ya se sabe que la Constitución es intocable (aquí), por mucho que los ciudadanos se empeñen. También se sabe que un telefonazo de Merkel hace posible que se cambie la Constitución, como de hecho ha sucedido. Ahora Rajoy está dispuesto a avivar un poco más el fuego prendido con los billetes de 500 de la desaparecida Caja de Ahorros de Navarra. El Cid amenaza altivo.

Se han argüido dos tipos de argumentos frente a quienes se quieren marchar de España: hombre, no vale solo el deseo de una de las partes. Si Cataluña se quiere ir, algo tendrán que decir quienes viven en Zaragoza, Madrid o Bilbao, porque se rompe una realidad de la que todo el mundo forma parte. Segundo argumento: ¿Marcharte a cuenta de qué? No existe ningún sujeto político, histórico o jurídico previo que pueda tomar la iniciativa, no existe ningún pueblo catalán. Bien: admitamos que todo eso sea cierto, que un todo no se rompe así como así y que hay determinadas realidades que son sujetos históricos y otras realidades que parece que ni siquiera son realidades. Sin embargo, es tan cierto como lo anterior que hay infinitas realidades -o lo que sean- sociales y económicas que se despedazan aunque solo una de las partes, y no el resto, lo quiera así. Comenzando por matrimonios y familias y acabando con asociaciones y entidades que aparecen cada día en los medios. Desde esa perspectiva, nada hay de extraño en que alguien se quiera ir, por mucho que fastidie al resto. Nada extraño si así lo desea la mayoría (que, por cierto, no es el caso de Cataluña en estos momentos). ¿Es que va a tener la misma validez el voto de un madrileño, de un vasco o de un zaragozano, que el de un catalán? Sería extraordinario. Si deciden irse, será su problema, aunque nos afecte al resto. Del mismo modo que en ese mundo del que formamos parte y en todos los países de nuestro entorno se toman cada día decisiones que nos afectan de forma grave sin que nadie nos pregunte nada. Más aún: hemos asistido en las últimas semanas a un desfile de opiniones de representantes institucionales de otros países poniendo en solfa las decisiones del Parlamento catalán y abogando por la unidad de España. En otro momento a eso se le habría llamado «graves injerencias de gobiernos extranjeros en asuntos internos» y sus embajadores serían convocados a consultas por este motivo. Pero como ahora se trata de resucitar al Cid, no pasa nada. Todos a la conquista de Valencia.

El segundo argumento se refiere a eso que se llama sujeto. Admitamos que no existe el pueblo catalán. Si es así, tendríamos que aceptar que tampoco existe el pueblo español (no me vale ahora la trampa de la «sociedad», todos sabemos de qué hablamos). Eso, el pueblo español, la sociedad española, o España a secas, es en efecto, un sujeto jurídico soberano (aunque cada día un poco menos soberano) basado en su propia historia: una historia de casamientos, conquistas, guerras (¿no decimos que fue la Reconquista quien dio origen a España?), y de pactos más o menos vergonzosos impuestos cuando los ejércitos acababan desmembrados y no podían más. No es un sujeto de naturaleza divina e intocable, sino de naturaleza tan discutible, o tan real, como lo pueda ser la propia naturaleza de Cataluña como sujeto de aquello que desee ser. De modo que no podemos partir de un supuesto falso. Solo la voluntad de los habitantes de un territorio es lo que hace que ese territorio se pueda constituir en algún momento en sujeto jurídico de lo que desee, y pueda, hacer.

También la Disposición Transitoria Cuarta es un producto de la historia. Ya lo ven: hay productos históricos intocables (España, Treviño, el Cid) y otros productos intercambiables a discreción (esa disposición, el artículo cambiado con el telefonazo de Merkel en plan Gila), mediante casamientos (PP-UPN) y conquistas (derrotaron a la CAN hasta destruirla). Esta amenaza del Cid gallego ha estado presente también en otras ocasiones, pero ahora, con el apoyo de un partido moderno como Ciudadanos, parece tener más visos de realidad. Me temo que esa actitud puede tener en el futuro un doble efecto. Por un lado, puede avivar aún más el nacionalismo y fortalecer a la formación de la actual presidenta navarra. Por otro, ya que estamos metidos -o nos quieren meter- en harina, el actual parlamento navarro quizás debiera recoger el órdago y plantear de facto la posibilidad de que esa disposición se ponga, en efecto, en marcha, en el mismo momento en que se abra la eventualidad de su reforma en la Constitución. Quizás no haya mucho que ganar, quién sabe. Desde luego, no habría nada que perder, porque conocemos de antemano las consecuencias del resultado de la reforma. Campea el Cid.