El macrojuicio contra Batasuna, ANV y EHAK comenzará el próximo 16 de noviembre

Finalmente, en febrero, la Sala -compuesta por los magistrados Concepción Espejel, Julio de Diego y José Ricardo de Prada- decidió suspenderlo sin fecha tras aceptar la renuncia de Ziluaga a seguir defendiendo a seis de los acusados, ya que suponía designar un nuevo abogado que necesitaría meses para estudiar esta voluminosa macrocausa.

Organizaciones ilegalizadas

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 10 años de cárcel y otros 10 de inhabilitación absoluta por integración en ETA para los 35 procesados en este sumario (4/08), además de reclamar que se declare la ilicitud y disolución de EHAK y ANV, formaciones que ya fueron ilegalizadas y canceladas sus inscripciones en el registro de partidos políticos por la Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo.

Además de Barrena y Petrikorena, entre los acusados también se encuentran las exparlamentarias vascas Karmele Berasategi y Nekane Erauskin, así como la ex alcaldesa de Mondragón, Ino Galparsoro, militante de ANV. También están procesados el presidente de PCTV, Juan Carlos Ramos, y su tesorero, Jesús María Aguirre, además de Eusebio Lasa, Joana Regueiro, Ángel María Elkano, Asier Imaz, Mikel Garaiondo, Marije Fullaondo y Tomasa Alejandre.

El escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía sitúa desde octubre de 2005 hasta 2009 el período referente a la renovación del entramado institucional de ETA-Batasuna y recoge que la «colaboración» entre la formación ilegalizada y ANV «se compró» en una reunión el 24 de enero de 2003 en la que rechazaron la ilegalización o suspensión judicial de Batasuna o de cualquier partido que se hiciera «en base a la legalidad española».

EHAK «fagocitado»

Para el Ministerio Público, la «instrumentalización» de ANV se acreditó en la «sumisión» de esta formación a las directrices marcadas por Batasuna y en la existencia de un sistema de tesorería común o caja única entre la formación ilegalizada, ANV y EHAK. En cuanto a esta última formación, cuyas sedes usaban los dirigentes de Batasuna, la Fiscalía sostiene que fue «fagocitado» por la formación ilegalizada tanto a nivel de contratación de personal proveniente del entorno institucional de ETA como a través del uso de fondos que fue desviado a dicho entramado a través de transferencias 'on line'. Según el escrito, en la «lucha político-institucional» utilizada por ETA, además de las mociones presentadas por PCTV, el «peso fundamental» recayó en los grupos municipales de ANV, especialmente en las localidades en las que controlaban el ayuntamiento a través de la convocatoria de consultas ciudadanas y de la constitución de una «red de electos contra el Tren de Alta Velocidad (TAV)».