Comenzaré diciendo que tengo el máximo respeto por los políticos del PP en el País Vasco, tanto cuando aciertan como cuando a mi juicio se equivocan. A algunos con quienes compartí hace años batallas cívicas contra la mafia criminal de ETA y acólitos, como María ... San Gil o Jaime Mayor Oreja, les guardo un gran afecto personal. Siempre me ha parecido una vergüenza histórica que hayan tenido y sigan teniendo que luchar por la aceptación social en Euskadi, pese a la sangre que han derramado en la defensa del pluralismo democrático de nuestra tierra, mientras que quienes simpatizan con los que han asesinado para impedirlo sean considerados con la máxima generosidad social. Claro que a lo mejor mi escándalo ante esta situación injusta es ingenuo, en una Europa en que los gobernantes que tratan de unir la sensatez económica y la generosidad ante la inmigración como Angela Merkel, acierten o no en sus decisiones, son vistos hasta por sus correligionarios peor que los extremistas imbéciles del todo o nada. Por no hablar del inquietante espectáculo que vemos en los prolegómenos de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Si hay tantos descerebrados allí para identificarse con la brutalidad repelente de Donald Trump, ¿por qué no va a haberlos entre nosotros para aclamar a Hasier Arraiz? Después de todo, a lo que más se parece es a un Donald Trump que se negase a condenar la violencia terrorista del Ku-Klux-Klan
De modo que lamento la confusa situación actual que atraviesa el PP, a partir del proyecto presentado y después retirado por Arantza Quiroga, que acabó con su dimisión como presidenta del partido en Euskadi. Pero el lío provocado por ese texto, centrado en el término rechazar en lugar de condenar (una disputa terminológica que recuerda la del concilio de Nicea sobre la relación en la Trinidad entre el Padre y el Hijo, también basada en una palabra), es solamente un síntoma del piélago de equivocaciones y malentendidos a los que se están dejando arrastrar los constitucionalistas por empeñarse en hacer caso a los manipuladores de ese embeleco llamado proceso de paz. Naturalmente, en una conversación normal, hablar de rechazo o de condena de algo es más o menos lo mismo y eso debió pensar, con la mejor intención conciliadora, Arantza Quiroga. Pero es que desdichadamente en el País Vasco lo único normal en cuestión de nomenclatura es la anormalidad. Aquí se da una inversión como en la novolengua de Orwell en 1984, y se llama presos políticos a quienes están presos por intentar impedir con métodos criminales que se hiciera política libremente en Euskadi, se trata de luchadores por las libertades vascas a quienes más vascos demócratas han asesinado y se toma rechazo del terrorismo (aunque ellos jamás aceptarán llamarlo terrorismo, claro) en lugar de condena como un modo de decir que la violencia hoy ya no rinde beneficios pero que en su día tuvo su punto y quienes la ejercieron dieron muestras de patriotismo y sacrificio. Vamos, que prometen solemnemente no utilizar más la cuchara cuando ya se han tomado la sopa
A quienes se enreden en el proceso de paz y no son nacionalistas, siempre va a irles mal. Los documentos que se proponen, las versiones de la memoria histórica(?) que se discuten, todo son trampas para osos. Desde que los etarras fueron derrotados y ya no pueden ejercer la coacción violenta, el País Vasco vive en paz, como el resto de España o Francia. Con desacuerdos y polémicas, claro, como cualquier otro espacio político democrático. Pero desde luego no queda por firmar ningún tratado de paz con ETA, porque ni ETA es un ejército decente ni representa a una parte del pueblo con la que los demás debamos reconciliarnos para complacer al Altísimo. La banda terrorista asesinó a muchos ciudadanos, pero su objetivo principal era acabar con la Constitución española y el Estatuto vasco basado en ella. De modo que el ejercicio de los derechos constitucionales y estatutarios fue la principal víctima de ETA desde el punto de vista político, aunque no desde el humano. O sea que hoy, cuando se trata reconocer a las víctimas del terrorismo etarra (y no de cualquier violencia, por rechazable que sea), lo primero que debe ser proclamado como norma de la paz cívica es precisamente el reconocimiento de la Constitución y el Estatuto. Todo el resto de los acuerdos de paz no son ni más ni menos que prestar servicio al interés abertzale por la excarcelación masiva y sin declaraciones de arrepentimiento individuales de los presos etarras. Ya tenemos afortunadamente no un simple proyecto sino una ley vigente de Libertad y Convivencia. Es la Constitución española y quienes se empeñan en buscar otro acuerdo especial es porque indirecta o directamente quieren decir que aquí la Constitución no basta, que hay que sustituirla por un apaño tan generoso que guste también a quienes antes y ahora no la acatan. Por favor, ya está bien, no caigamos en más trampas.
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