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Melchor Sáiz-Pardo
Jueves, 22 de octubre 2015, 17:55
El titular del Juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona) ha dictado prisión incondicional sin fianza e indefinida para el tesorero de CDC, Andreu Viloca, detenido ayer junto a otra decena de personas en la tercera fase de la 'operación Petrum' sobre la financiación irregular ... del partido nacionalista y el cobro de comisiones del 3%.
Según han declarado fuentes de Anticorrupción, el magistrado ha decretado el ingreso en prisión de Viloca, que se ha negado a declarar, por el riesgo de destrucción de pruebas. Cabe recordar que Viloca el pasado 28 de agosto, durante la segunda fase de esta operación, intentó hacer desaparecer una decena de contratos sospechosos pasándolos por la trituradora en su despacho antes del registro de la Guardia Civil. La Fiscalía, no obstante, pedirá su puesta en libertad con medidas cautelares cuando acabe la investigación de los centenares de documentos incautados ayer.
Según las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Viloca sería el centro de la trama de entrega de fondos irregulares a Convergència por parte de empresas concesionarias de la Generalitat a través de la fundación CatDem, de la que también era tesorero Viloca.
Por otro lado, hoy ha sido detenida una undécima persona en esta tercera fase de la 'operación Petrum'. Se trata del empresario Jordi Durán, capturado en Barajas cuando regresaba de un viaje a Cuba.
Viloca ha sido el único que hoy ha pasado a disposición judicial. Quedaron en libertad antes de declarar ante el juez los empresarios Juan Luis Romero (administrador de Rogasa) y Antonio García Bragado (directivo de Tec Cuatro) y los dos trabajadores de la sede de Convergència detenidos ayer; Carlos del Pozo, mano derecha de Viloca, secretario del patronato de Catdem y exgerente de CDC; y la administrativa Anna Benítez.
En las próximas horas pasarán ante el juez las seis personas que aún permanecen detenidas: otros cinco empresarios que supuestamente pagaron mordidas y Josep Antonio Rosell, responsables de Infraestructuras de la Generalitat, para el que la Fiscalía aun sopesa si reclamar prisión preventiva. Para el resto de arrestados, el Ministerio Público tiene intención de reclamar solo medidas cautelares, pero no su encarcelamiento.
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