Si gana el sí

En ese escenario, el renovado Parlamento de Cataluña podría aprobar una declaración unilateral de independencia (DUI). La campaña electoral ha girado en torno a ello puesto que es la propuesta estrella de la candidatura independentista. De hecho, es lo único que une a sus principales integrantes, ERC y Convergencia. Mientras que Esquerra ha criticado duramente los recortes sociales y denunciado la corrupción, Convergencia ha practicado una política más neoliberal incluso que la del Partido Popular, y está implicada en graves casos de financiación irregular y enriquecimiento ilícito de algunos de sus dirigentes históricos.

La aprobación de una DUI supondría una violación grave del orden constitucional. ¿Qué consecuencias jurídicas tendría? Desde un punto de vista jurídico, la declaración será impugnada por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, y este decretará la suspensión inmediata de la declaración. Posteriormente, y sobre ello no cabe duda alguna, el Tribunal la anulará. Ello quiere decir que desde el punto de vista interno, la declaración no producirá efecto alguno. Además, aun en el supuesto de que no fuera suspendida y anulada (que lo será), conviene recordar que una DUI sólo produce efectos jurídicos en la medida en que es reconocida por otros Estados. Si los demás Estados no reconocen al nuevo, este no llega a existir jurídicamente. Y los Estados de la Unión Europea no pueden reconocer una Cataluña independiente. Los Tratados europeos prohíben a los Estados miembros reconocer a Estados surgidos de la fragmentación de otros. La Unión Europea garantiza la integridad de sus Estados e impide llevar a cabo cualquier actuación contraria a ella.

Ahora bien, que una actuación sea contraria a la legalidad, o que no tenga reconocimiento en el mundo del derecho, no quiere decir que no pueda producir efectos políticos. El caso de Kosovo es, en este sentido, paradigmático. La fuerza de los hechos se impuso allí sobre el derecho interno y sobre el derecho internacional. Pero ello solo se explica porque Serbia no es un Estado miembro de la Unión Europea y ello permitió a algunos de sus miembros, en un ejercicio de irresponsabilidad, reconocer al nuevo Estado. Como España no es Serbia, tal cosa no va a ocurrir. Los recientes pronunciamientos de Obama, Cameron o Merkel disipan cualquier duda al respecto.

Con todo, es la economía y no el derecho el principal obstáculo para la independencia. En la Eurozona, la secesión respecto a un Estado miembro sólo es posible en la medida en que el independizado cree su propia moneda. Y ello porque la independencia supone la salida inmediata de la Unión Europea, en general, y de la Eurozona, en particular. Esto último implica que las entidades financieras del nuevo Estado dejan de recibir financiación del Banco Central Europeo. El nuevo Estado no puede afrontar los gastos necesarios para su propio funcionamiento. La única salida es crear una nueva moneda. En la medida en que esa decisión provocaría una brutal reducción del PIB y el empobrecimiento de la población, difícilmente será adoptada. En definitiva, por razones económicas Cataluña no querrá abandonar la Unión Europea, y sólo puede permanecer en ella formando parte de España. La DUI sin el establecimiento de una nueva moneda es un brindis al sol.

Por ello, si gana el sí, pese a todas las palabras grandilocuentes, a toda la retórica de la campaña electoral, y a todas las declaraciones que se quieran aprobar, Cataluña seguirá formando parte de España. El derecho y la economía hacen inviable la fragmentación de un Estado de la eurozona. La mayoría de los catalanes es consciente de ello y de las ventajas de la unión, y ello explica que, a pesar de la eventual victoria electoral de las candidaturas independentistas, cuando en las encuestas se les da a elegir entre la independencia y la reforma del encaje constitucional de Cataluña en España, la opción independentista es claramente minoritaria. Una gran parte del voto independentista debe ser interpretado, por tanto, como un rechazo al inmovilismo gubernamental y al status quo. Desde esta óptica, la victoria de las candidaturas independentistas será utilizada para reforzar la posición negociadora del nacionalismo catalán en el inevitable debate sobre la reforma de la organización territorial y de su financiación que ocupará la agenda política de 2016. Esta será la principal consecuencia política de una victoria del sí.

Naturalmente, queda abierta también la posibilidad de que se produzcan actuaciones individuales o institucionales de rebeldía frente a la ley. Dado el fanatismo que los independentistas han demostrado durante la campaña y su completo alejamiento de la realidad jurídica y económica, no cabe descartar por completo que intenten llevar su proyecto golpista hasta las últimas consecuencias. En ese indeseable supuesto, el Estado de Derecho tiene los instrumentos para hacerles frente: la legislación penal y los poderes de coerción atribuidos al Gobierno frente a las comunidades autónomas (art. 155 CE). El efecto disuasorio de estos instrumentos sobre la inmensa mayoría de los funcionarios y agentes de los poderes públicos catalanes, es bastante mayor del que algunos creen.