RETRATOS DE JUECES IGNORADOS

El listado, bautizado con el eufónico nombre de "Retratos municipales de las vulneraciones del derecho a la vida en el caso vasco", ha provocado polémica por presentar una veintena de etarras como víctimas. También incluye algunos casos de suicidios y media docena de fallecidos por afecciones cardíacas, de cáncer o de otras dolencias presentados como víctimas de "vulneraciones del derecho a la vida" y, por tanto, merecedores de reconocimiento político. Casi todos estos casos tienen un elemento en común: que los autores del informe han hecho caso omiso a la existencia de resoluciones judiciales que han eximido de responsabilidad a las fuerzas de seguridad. Los "Retratos" no sólo ignoran, sino que ocultan fallos de la Justicia española, de la francesa, de la mexicana y de Estrasburgo.

El caso citado de Urigoitia es uno de ellos: el informe omite que la Audiencia de San Sebastián archivó la causa por no existir materia penal. Pero pasa lo mismo con otros casos que afectan a la Ertzaintza: las muertes de Rosa, Zarra, Kontxi Sanchís o Imanol Lertxundi fueron investigadas por los juzgados correspondientes, que determinaron que no había responsabilidad de la Policía vasca. Sin embargo, ahí están sus nombres en la lista de víctimas a reconocer. ¿Víctimas de quien?

La técnica narrativa empleada por los autores de los "Retratos" en estos casos polémicos consiste en hablar de la existencia de "dos versiones: suicidio o asesinato", tal como se expone, por ejemplo, en las fichas de dos etarras que se quitaron la vida: José Luis Geresta y Josu Zabala. Se habla de la "versión oficial" y se contrapone con otra de la izquierda abertzale, dejando la duda abierta y sin hacer referencia a las decisiones judiciales que despejan esas dudas. En el caso de Zabala se termina diciendo que "la familia tiene el caso recurrido ante el Tribunal de Estrasburgo". No se menciona que Estrasburgo rechazó ese recurso en noviembre de 2002, hace nada menos que trece años, y avaló la investigación judicial que determinó que se trataba de un suicidio. En el caso de Geresta también se oculta que en julio de 2000 la Audiencia de San Sebastián determinó que su muerte era "de etiología suicida".

Ningún poder público, tampoco el Gobierno vasco, puede ignorar las decisiones que han adoptado los tribunales a la hora de establecer responsabilidades penales. No se pueden presentar casos tan graves como una cuestión de opiniones enfrentadas cuando los jueces ya se han pronunciado sobre el fondo del asunto.