Batalla por los presos de ETA en las fiestas vascas

La última prohibición se registraba el mismo viernes, como adelantaba ayer este periódico. Una jueza de Bilbao impidió que se dedicara a los internos de la organización y a los «huidos/refugiados» el pregón de los festejos del barrio santurtziarra de Mamariga. A la suspensión cautelar también se ha sumado el denominado «pintxo preso» previsto para el próximo domingo 13. En las semanas anteriores había ocurrido algo similar con el txupinazo que debían lanzar «los familiares y amigos de las presonas represaliadas» en Ibarra, con la chocolatada «por los derechos» de esos reclusos y un brindis por el colectivo en las celebraciones de Bermeo.

Todos estos actos constaban en los respectivos programas oficiales de fiestas, promovidos por cada uno de esos ayuntamientos. Es precisamente esa característica, el que aparecieran en un libreto oficial financiado por cada Consistorio, el que daba pie a la presentación de un recurso. Las leyes de Reconocimiento y Protección Integral y Reparación de las Víctimas del Terrorismo, suscritas por los Parlamentos español y vasco, establecen el «deber de objetividad e imparcialidad» hacia los damnificados del terrorismo por parte de las administraciones locales. Unos principios que imposibilitarían el respaldo de actividades en honor de los reclusos de la banda, según explican fuentes judiciales.

Es por ese motivo que los magistrados deciden suspender los actos de forma cautelar antes incluso de analizar el fondo de la denuncia. Algunos de los alcaldes aludidos decidieron cancelar las actividades cuestionadas antes de que hubiera una resolución judicial. «Les preocupa su situación personal. Que puedan tener problemas», explica una fuente del Palacio de Justicia.

«Sudor y sangre»

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, reconoce que existe una «delgada línea» entre lo que se puede entender como «infracción de la ley» y como «derecho a la libre expresión». Y que son los jueces los que deben dirimir esa cuestión. Más claro es, en su opinión, lo sucedido en la manifestación que el pasado sábado 29 recorrió el centro de Bilbao convocada por el Movimiento Pro Amnistía. Al final de la marcha se leyó un escrito en el que se aseguraba que los presos de ETA «no eran terroristas», sino «personas que han dado lo mejor de sí mismas para hacer frente a estos dos monstruos que se alimentan del sudor y la sangre de la clase trabajadora de Euskal Herria», en alusión a los Estados español y francés.

El texto instaba a los reclusos a «seguir su camino hacia lo que consideran una utopía». «Es, por esa utopía, por la que han dado y siguen dando la vida las personas más generosas de nuestro pueblo», añadía el documento. Unas palabras que han sido objeto de denuncia por parte de la Delegación del Gobierno y que están ya en la Audiencia Nacional.

El representante del Ejecutivo central en el País Vasco ha elevado a la Fiscalía un total de 132 denuncias sobre cuestiones relacionadas con ETA y los alcaldes de la izquierda abertzale desde el comienzo de la actual legislatura. En lo que va de año ha impulsado una veintena de procesos. Una cifra significativa si se tiene en cuenta que en el primer año de la legislatura se registraron 19 casos; 55 en 2013; y 38 en el pasado ejercicio. Declaraciones de los primeros ediles durante los plenos, intervenciones de dirigentes como el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, recibimientos a presos de ETA que obtienen la libertad y los festejos populares constituyen el grueso de estos procedimientos. Muchos de ellos son finalmente archivados.

La actuación de Carlos Urquijo ha suscitado fuertes críticas entre colectivos como Etxerat, que agrupa a los familiares de los reclusos. Sus portavoces, que han declinado hacer declaraciones para este reportaje, han asegurado en comunicados como el emitido tras la suspensión del txupinazo de Ibarra que la Delegación del Gobierno, «además de ser totalmente ajena a la realidad de nuestro país, promueve claramente una actitud beligerante contra los familiares» de los presos, un colectivo formado por personas «comprometidas con la resolución del conflicto y la paz». En su opinión, Urquijo ha emprendido una «caza de brujas» siguiendo «las directrices marcadas por ciertos colectivos que únicamente buscan venganza», en alusión a determinadas asociaciones de víctimas. Un comportamiento con el que la Delegación del Gobierno trataría de «torpedear la voluntad del pueblo vasco».

Lejos de la batalla política abierta sobre esta cuestión, diferentes sociólogos consultados por este periódico coinciden en señalar que la convocatoria de actos de recuerdo a los presos es un «signo evidente» de los «rescoldos» de medio siglo de violencia terrorista. Así lo entienden al menos los catedráticos de las universidades de Deusto y de la UPV, respectivamente, Javier Elzo y Ander Gurrutxaga.

«Estamos viviendo el cierre de esa etapa, aunque se está produciendo de una manera demasiado lenta. Más lenta de lo que todos desearíamos», advierte Gurrutxaga, que recuerda cómo hay «varias generaciones atrapadas» por lo que ha supuesto en la sociedad vasca la actividad armada. «Hay sectores -sostiene este sociólogo-, que cada vez tienen una menor presencia, pero que no asumen que todo esto hay que olvidarlo y dejarlo atrás». Un proceso, el de dejarlo atrás, que, a su juicio, requiere de tiempo. El que acarrea el «relevo generacional» por parte de jóvenes que «obvian» la cuestión de los presos de ETA porque no lo han vivido de una forma tan cercana a como lo hicieron aquellas personas con mayor edad. «Es un movimiento de implosión porque no hay energía que lo alimente», señala Gurrutxaga, que insiste en que se trata de «un capítulo que se va cerrando.

El profesor de la UPV recuerda, en este sentido, que la situación vivida este verano «apenas tiene nada que ver» con las que se podían vivir hace cuatro o cinco años cuando la banda terrorista aún estaba en activo. Una lectura «empírica» revela, en su opinión, que ahora han disminuido los actos por los presos así como su «virulencia». Entiende que durante los festejos patronales afloran ciertas «vinculaciones afectivas» que llevan a los ciudadanos a acordarse de las personas que no están. «Parece que hay que acordarse de ellos», sostiene, aunque asegura que este tipo de actos «sobran y no hacen falta a la sociedad».

Pensar en «el futuro»

Javier Elzo, por su parte, añade un análisis más despegado de la actualidad. Pensando «en el futuro». Subraya que su forma de pensar está «más cerca de las víctimas» y que participa habitualmente en los homenajes a Jose Mari Korta, pero lanza una reflexión. «¿Durante cuántos años vamos a estar recordando lo que es ETA?», se pregunta el sociólogo de Deusto que afirma que «habrá un momento en el que poner una fecha concreta en la que recordar a todas las víctimas de violencia injusta».

Al mismo tiempo, critica la utilización de los presos de ETA que, según sostiene, están llevando a cabo tanto los sucesivos gabinetes del Gobierno central como la izquierda abertzale. Reprocha que Alfredo Pérez Rubalcaba, por ejemplo, dijera que «no se podía tratar a los presos de la misma manera con ETA actuando que cuando no lo está» o que la banda terrorista no permita a los reclusos librarse de la atadura del EPPK porque tanto los internos como sus familias «lo tienen muy crudo» cuando rompen con esa disciplina.