Contra el desafío de Mas, reforma federal

En este confuso y peligroso contexto, hay que insistir en que las elecciones del día 27 carecen de efecto plebiscitario alguno. Su finalidad es renovar la composición del Parlamento autonómico. El hecho de que algunas de las candidaturas que se presentan propugnen la secesión no altera la naturaleza de las elecciones.

Por otro lado, sondeos recientes confirman que, situados ante la tesitura de elegir entre la independencia y una reforma constitucional que consolide el autogobierno y la singularidad catalana, la inmensa mayoría de los catalanes optaría por la segunda opción. Los partidarios de la secesión no llegan al 30 por ciento frente a casi un 60 por ciento que apoyarían una reforma constitucional. El independentismo aumenta considerablemente en el supuesto de que la alternativa sea el mantenimiento del statu quo. Estos datos ponen de manifiesto que los partidarios de la independencia disminuyen cuando se les plantea la posibilidad de reformar la Constitución. Por esta razón, puede decirse con fundamento que el independentismo de Mas se alimenta, en parte, del inmovilismo de Mariano Rajoy.

Por eso, llevo defendiendo desde hace años que una reforma federal de la Constitución de 1978 es la única forma de afrontar con éxito el desafío catalán y de reintegrar a la inmensa mayoría de los catalanes al consenso constitucional. Es absolutamente cierto, como dicen los detractores del federalismo, que las propuestas de reforma federal que propugnan algunos partidos, singularmente el PSOE, y la Academia, no van a contentar a los independentistas. Para quienes tienen por objetivo destruir la Constitución y romper el Estado, el debate sobre la reforma constitucional carece por completo de interés y de sentido. Ahora bien, la apertura de un debate sereno y riguroso sobre la reforma de la organización territorial y la consolidación del autogobierno catalán, decantaría a la mayoría de los catalanes a favor de la Constitución y en contra de la independencia. Dicho con otras palabras, la reforma federal nunca satisfará a los independentistas, pero contribuirá a reducir su número.

En el debate sobre el federalismo es preciso ser riguroso y, aun reconociendo que no hay un único modelo federal sino diferentes federalismos, recordar que todos reposan sobre dos principios fundamentales: la igualdad y la lealtad federales. Todos los miembros de la federación gozan de igual posición constitucional y cooperan entre ellos y con el poder central. El federalismo es por su propia naturaleza simétrico. El denominado federalismo asimétrico es, por tanto, un oxímoron. Por esta razón, se advierte también que el federalismo es incompatible con el reconocimiento de la posición singular de Cataluña o de cualquier otra Comunidad, entendida como posición de privilegio.

Pero eso no quiere decir que en una reforma federal de la Constitución no se pueda recoger la singularidad catalana o de otras comunidades. La singularidad puede establecerse en el título relativo al reparto de competencias y ello de forma que resulte aceptable para las demás comunidades. La inclusión en la Constitución de un modelo claro de reparto de competencias entre el poder central y las comunidades autónomas -que sustituya al caótico diseño actual- es el principal objetivo que debe perseguir cualquier reforma territorial de la Constitución. En ese reparto podría establecerse que las competencias de la Generalitat en materia educativa y cultural, por ejemplo, fueran distintas de las del resto. Estas diferencias -y otras que se podrían debatir- sí que podrían ser aceptadas por el resto de comunidades. En el ámbito competencial es donde la singularidad puede traducirse en asimetrías. Todas las comunidades tienen la misma posición pero pueden tener diferentes competencias.

En definitiva, la singularidad catalana puede traducirse en un marco competencial diferente y superior al resto en el marco de un Estado federal. Mientras la singularidad no implique privilegios podrá ser aceptada por los demás. En otro caso, será políticamente inasumible y jurídicamente incompatible con un marco federal.

Frente al callejón sin salida al que Mas quiere conducir a Cataluña, es preciso tomar la iniciativa política y, junto al rechazo de cualquier planteamiento rupturista que no respete la legalidad, iniciar un proceso de reforma constitucional que resulte atractivo para la mayoría de catalanes y españoles.