¿Están bien pagados los alcaldes de las grandes ciudades?

Hoy más que nunca, la cuantía de los sueldos de los alcaldes se ha convertido en un mensaje político con la misma potencia comunicativa que un vídeo electoral o un eslogan. La decisión de la regidora de Barcelona, Ada Colau, de rebajarse un 27% el salario con respecto a su antecesor, el nacionalista Xavier Trías, y cobrar así 80.115 euros al año ha suscitado un debate que ejemplifica la importancia que alcanza ahora la discusión sobre las retribuciones de los cargos públicos.

Colau ha querido lanzar un guiño de austeridad en medio del descomunal desgaste que achicharra a la clase política, aunque en realidad se ha quedado a mitad del camino. En la campaña electoral había prometido que si alcanzaba la Alcaldía -fue la cabeza de cartel de Barcelona en Comú, una plataforma apoyada por Podemos, Iniciativa per Cataluya y otras fuerzas de la izquierda- sólo percibiría 43.000 euros. Al final se embolsará casi el doble de esa suma.

Otros regidores que gobiernan algunas de las principales capitales españolas tras las elecciones municipales del 24 de mayo han adoptado decisiones similares. Manuela Carmena, la nueva alcaldesa de Madrid, se ha fijado un salario de 45.402 euros brutos, muy lejos de los 100.000 de su anyecesora Ana Botella (PP). En Valencia, Joan Ribó, de Compromís, se ha recortado un 20% el sueldo respecto a su antecesora, la popular Rita Barberá. Ganará 80.000 euros. El socialista Juan Espadas, que acaba de coger el bastón de mando en Sevilla, percibirá 59.831 euros anuales, la misma retribución de su predecesor, Juan Ignacio Zoido (PP).

En Euskadi, los tres nuevos alcaldes de las capitales -todos ellos, del PNV-conservan los sueldos de sus precedesores: el de Bilbao, Juan María Aburto, 89.514 euros; el de Vitoria, Gorka Urtaran, 79.398; y el de San Sebastián, Eneko Goia, 80.803. La Asociación de Municipios Vascos (Eudel) ha establecido unas recomendaciones de límites salariales en función del número de habitantes de las poblaciones y dentro del patrón establecido por la normativa vigente en el conjunto de España.

Desde 2013, cualquier decisión sobre el sueldo de un alcalde está limitada por Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración, que establece cuáles son los cantidades límite que pueden percibir. Esta ley, impulsada por el Gobierno Rajoy dentro de las medidas de austeridad, fija como tope máximo el equivalente a la retribución de un secretario de Estado (100.000 euros) y a partir de esa cifra estima cuánto corresponde a cada primer edil en función de la población. Por ejemplo, en una ciudad de más de 500.000 habitantes el salario será el equivalente al del citado alto cargo del Ejecutivo central. A partir de ahí se va descendiendo hasta llegar a las localidades entre 1.000 y 5.000 habitantes, cuyos responsables pueden cobrar alrededor de 40.000 euros. Si el municipio triene menos de 1.000 vecinos, los dirigentes no tendrán dedicación exclusiva, pero podrán percibir una retribución que se fija los Presupuestos Generales del Estado y que oscila entre los 15.000 y los 30.000 euros. Una paradoja de esta norma es que el Gobierno fijó el salario a partir del sueldo de un secretario de Estado, sensiblemente superior, por ejemplo, al del presidente del Gobierno. Mariano Rajoy percibe 78.185,04 euros brutos anuales. Un ministro de su Gobierno ronda los 70.000 euros.

La Ley de Sostenibilidad marca el techo, pero deja libertad a los munícipes para reducir la cifra si lo estiman necesario. Así lo han hecho los nuevos alcaldes de Madrid, Barcelona o Valencia, por citar algunos, que han querido marcar distancias con sus antecesores. Esas tres capitales están gobernadas por formaciones emergentes de la izquierda, aunque con una ya dilatada experiencia en el caso de Compromís.

La tendencia a convertir los sueldos de los alcaldes en un elemento más del debate político favorece casos como el del alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', de Podemos. El regidor ha decidido no cobrar sueldo como alcalde y limitarse a recibir una cuantía procedente del salario de diputado provincial -alrededor de 1.880 euros-, cargo que también ocupa. Su antecesora, Teófila Martínez (PP), también había renunciado a su sueldo como alcaldesa.