La jueza no ve fraude a la Administración en el 'caso Hiriko', pero sigue la instrucción por otros delitos

La Fiscalía de Álava presentó el pasado 16 de febrero una querella criminal contra seis empresarios sin "experiencia" en la fabricación de automóviles y al menos dos vinculados al PNV por haber ideado un "plan" para apropiarse de fondos públicos con "el pretexto" de diseñar un coche eléctrico bajo la marca Hiriko. La querella, que fue admitida a trámite el pasado 19 de febrero por el juzgado de Instrucción 3 de Vitoria, está dirigida contra Jesús Echave, Fernando Achaerandio, Francisco Javier Calera, Iñigo Antia, José Luis Bengoechea y José Barreira.

A todos ellos el fiscal les acusa de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración, fraude de subvenciones públicas, apropiación indebida y blanqueo de capitales. Ahora, la magistrada acuerda sobreseer de manera provisional el citado delito de fraude a la Administración en un auto contra el que cabe recurso de reforma y apelación por las partes.

Estado "primario" de la instrucción

En su resolución la magistrada afirma que en el estado "primario" en el que se encuentra la instrucción y dado su "volumen" y "complejidad" resulta "aventurado pronunciarse" si concurren o no los requisitos de determinados delitos. Así, aunque "parece evidente la existencia de un fraude de subvenciones", la juez afirma que "no se alcanza a apreciar con nitidez el encaje de los comportamientos denunciados en un delito de malversación pública y la concurrencia y articulación de ese delito con los anteriores".

Sin embargo "acepta la calificación e interpretación amplia" que del delito de malversación hace el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de lo que pueda suceder en la instrucción de la causa, pero considera "insostenible" que de los hechos relatados en la querella se infiera un delito de fraude la Administración. "Ni la más imaginativa de la ingenierías jurídicas permite la interpretación que del tipo efectúa el Ministerio Público", afirma la juez, que explica que para que este delito se dé debe haber un funcionario que se "concierta" con un particular en cualquiera de las modalidad de contratación pública para cometerlo.

La publicación de este auto ha coincidido hoy con un pleno en el Parlamento Vasco en el que la Cámara ha solicitado al Gobierno de Iñigo Urkullu que se persone como perjudicado en esa querella y le ha instado a que emprenda las medidas necesarias para recuperar los fondos públicos concedidos por esta Administración al proyecto Hiriko. En esta causa está personada como acusación la Administración central, que otorgó unos 14 millones a este proyecto que en total recibió cerca de 18 millones en ayudas públicas. La Diputación de Álava ha descartado hacerlo al estimar que los 37.000 euros que concedió se destinaron a la innovación y no hubo "pérdida patrimonial". El pasado marzo un juzgado Mercantil de Vitoria declaró el concurso voluntario de Afypaida, empresa matriz de Hiriko, y abrió la fase de liquidación de esta empresa.