Once horas entre el auto del Supremo sobre el etarra Plazaola y el registro de su piso

Las fuerzas de seguridad recibieron la orden de detener al etarra Alberto Plazaola a las 17.22 horas del martes, más de cuatro horas después de que se divulgara por los medios de comunicación, a las 12.56 horas, la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba su puesta en libertad.

En un comunicado divulgado después de la polémica surgida en torno a la fuga del etarra, el Ministerio del Interior deja claro que "durante esas horas no existe posibilidad jurídica" de detener a Plazaola, mientras que a las 20.44 horas se recibió el auto judicial que autorizaba la entrada y registro del domicilio, en la localidad guipuzcoana de Oñate, y proceder al arresto de Plazaola .

Pero para entrar se necesitaba la presencia de la secretaria judicial de Bergara que no llegó hasta las 23.05 horas, momento en el que agentes de la Policía y la Guardia Civil entraron y registraron el inmueble hasta las doce de la noche con resultado negativo.

"Desde entonces se mantiene un dispositivo policial intensivo para la detención, puesta a disposición judicial e ingreso en prisión de Alberto Plazaola", continúa el comunicado que subraya que las fuerzas de seguridad han cumplido inmediatamente las órdenes que han sido emitidas desde el órgano jurisdiccional competente, con el dispositivo y los medios necesarios para su cumplimiento.

Y apostilla que "por supuesto" tanto la Policía como la Guardia Civil actúa "en todo momento dentro de la legalidad vigente, que impide llevar a cabo una detención o un registro domiciliario sin la preceptiva autorización judicial".

Sin vigilancia

Interior también puntualiza que la situación de "plena" libertad, es decir sin ningún tipo de medida cautelar ni condición alguna, en el que se encontraba Plazaola desde el 4 de diciembre no queda "en ningún modo condicionada por estar pendiente de resolución un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el auto de la Audiencia Nacional que ordenó la puesta en libertad.

En consecuencia, añade el ordenamiento jurídico, "no permite establecer dispositivos de vigilancia policial permanente sobre personas que se encuentran en situación de libertad".