El 'caso De Miguel' le estalla al PNV a dos meses de las elecciones

En el auto del juez Ramos, conocido este martes, el magistrado encausa a 26 personas, una veintena de ellas relacionadas directamente con el PNV. En concreto, son Justina Angulo, Alfonso Arriola, Estíbaliz Arruti, Jesús José Arruti, Jesús Arruti, Araceli Bajo, Miren Lourdes Bilbao, Ainhoa Bilbao, Plácido Casas, Aintzane de Miguel, Alfredo de Miguel, Jon Iñaki Echaburu, Gorka Errasti, Francesc Fernández, Sergio Fernández Oleaga, Iratxe Gaztelu-Urrutia, Prudencio Hierro, Gurutz Larrañaga, Josu Montes, Luis Felipe Ochandiano, Joaquín Sabater, Iñaki San Juan, Julián Andrés Sánchez Alegría, Francisco Javier Sánchez Robles, Aitor Telleria y Ramón Tomás Riba. De todos ellos, 20 están o estaban entonces ligados al PNV, bien como burukides (como De Miguel, por ejemplo) como cargos públicos o como afiliados.

Las diligencias se seguirán por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales. malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones, falsedad en documento público, contra la Hacienda Pública y alteración del precio de concursos, entre otros.

Como responsables civiles, el juez apunta también a las empresas que los encausados dirigían y que están presentes en las investigaciones de la trama: Kataia Consulting, Errexal Serbitzuak, Ortzi Muga, Sidepur y Zerulur.

El juez Ramos apunta en su escrito que de las diligencias de investigtación ha quedado "inicialmente acreditada" (en grado de probabilidad) "la existencia de una trama organizada en torno a la figura del imputado Alfredo de Miguel", quien contando con la ayuda o colaboración de otros imputados, algunos de ellos en ostentación de responsabilidades políticas, lideró "un entramada societario" dirigido a varios objetivos. Uno de ellos, cita textualmente, era "obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes administraciones gobernadas por el PNV" (...) "llegando a cobrar o percibir en base a dichas contrataciones y en diversas ocasiones cantidades dinerarias por trabajos que nunca fueron realizados".

También se acredita que el algún caso se solicitó el "pago de comisiones de las personas jurídicas o mercantiles que obtuvieron adjudicaciones de contratos diversos" y que también se solicitaron u obtuvieron pagos en base a negocios o contratos "simulados" o "no ajustados a la realidad que supuestamente enmascaraban el pago de comisiones" desde una de las mercantiles a otras para que se impulsara, concretamente, la recalificación irregular detectada en Zaambrana.

El caso estalló en 2010

Las presuntas irregularidades estallaron el 17 de marzo de 2010, cuando la Ertzaintza detuvo a ocho personas acusadas de un presunto delito de cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Los arrestados, que fueron puestos en libertad con cargos a las pocas horas, no eran ciudadanos anónimos. Formaban parte del núcleo duro del PNV alavés. En el listado figuraba Alfredo de Miguel, por aquel entonces diputado foral, hombre fuerte del partido en el territorio y vicepresidente segundo de la Caja Vital. También estaba Aitor Telleria, que formaba parte del Araba buru batzar.

Básicamente, la acusación se centraba en el supuesto cobro de comisiones ilegales derivadas de operaciones de compraventa de terrenos en el parque tecnológico de Miñano a través de varias sociedades. Desde aquel momento, sin embargo, la madeja se ha enredado de forma endiablaba con varias derivadas, como el pelotazo urbanístico en el municipio de Zambrana. La cifra de imputados ronda la treintena. Uno de los últimos nombres que el juez incluyó en la lista fue el de Asier Arzalluz, hijo del expresidente del PNV, aunque finalmente ha quedado excluido del encausamiento, lo mismo que Pablo Larrabide, de Caja Laboral.

El magistrado sospecha que el entonces presidente de Mendibile Jaureguia, la asociación que gestiona la denominación de origen de Txakoli de Bizkaia, pudo falsear e hinchar facturas en beneficio de una de las sociedades implicadas en la red corrupta, que también estaba dirigida por otro cargo del PNV, el exconcejal de Leioa Iñaki San Juan. Arzalluz y De Miguel son íntimos amigos.

Cinco años de investigación

Tras casi cinco años de investigaciones y toma de declaraciones, Ramos, con matices, mantiene los argumentos con los que arrancó el caso. Es decir, pide la encausación de todos los implicados. Y supone todo un varapalo para el PNV a pesar de que, previsiblemente, el juicio no se celebrará hasta después de verano. Nada más estallar el escándalo, el entonces presidente del Euzkadi buru batzar, Iñigo Urkullu, se esforzó en crear un cortafuegos para evitar que el incendio que estaba consumiendo al partido en Álava se extendiese al conjunto del PNV.

De Miguel y el resto de implicados fueron obligados a entregar sus carnés, en un proceso que generó una notable batalla interna. El ahora lehendakari les exigió que diesen un paso "al frente" y abandonasen la militancia, porque "no actuar con esa transparencia, con limpieza", significaba "situarse fuera del propio partido". Pero los aludidos tardaron en darse por enterados. Urkullu se lo pidió en julio de 2010 y no entregaron los carnés hasta enero de 2011, a escasos cuatro meses de unas elecciones forales que colocaron al frente de la Diputación al popular Javier de Andrés.

Diversos escándalos

Dentro del PNV contaban con importantes apoyos. De Miguel y Telleria eran de la máxima confianza de Iñaki Gerenabarrena, que en 2010 estaba al frente del Araba buru batzar. Y, a su vez, el dirigente alavés era uno de los principales apoyos de Joseba Egibar. El distanciamiento entre el político guipuzcoano y Urkullu hace cinco años todavía resultaba evidente. De hecho, Egibar denunció la "criminalización" que estaban sufriendo los imputados.

El problema para el PNV es que la tormenta reaparece en el peor momento posible: a sólo tres meses de unas elecciones municipales y forales que en Álava se presentan muy ajustadas. Tanto desde Sabin Etxea como desde la propia Lehendakaritza se han realizado notables esfuerzos por dibujar Euskadi como una isla a la que no le afectan los casos de corrupción que hay en el resto de España.

Sin embargo, durante las últimas semanas han tenido que gastar energías en salir al paso de algunos casos que podían manchar esa imagen inmaculada: la sentencia de inhabilitación del nuevo consejero de Empleo, Ángel Toña, por un caso durante su etapa como administrados concursal, o el terremoto que ha sacudido Kutxabank. Queda por ver además el alcance que tendrá el desarrollo del "caso Hiriko", proyecto de vehículo eléctrico vasco en el que también aparecen personas vinculadas al partido nacionalista.