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elcorreo.com
Martes, 24 de febrero 2015, 16:44
El Gobierno vasco no ve "motivo objetivo y justificado" para personarse en la causa judicial contra los promotores de Hiriko, el fracasado proyecto de coche eléctrico que recibió 18 millones de euros de dinero público, aunque abre la puerta a hacerlo más adelante si constata ... que vulneraron la normativa autonómica que regula las ayudas a la investigación.
El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, ratificó así la posición expresada desde el primer momento por la consejera Arantza Tapia de que los beneficiarios de los 2,7 millones de euros concedidos por el Departamento de Industria para determinadas investigaciones ligadas a Hiriko cumplieron "los compromisos e hitos asumidos".
Un juzgado de Vitoria ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía contra seis empresarios que participaron en la fallida iniciativa -varios de ellos, vinculados al PNV-, a los que acusa de crear un entramado para apropiarse de dinero público en su propio beneficio. La mayoría de las subvenciones (15 millones) fueron concedidas por el Gobierno de Zapatero a cambio del apoyo de los nacionalistas vascos a sus proyectos estratégicos durante la pasada legislatura. Erkoreka explicó que el Gobierno vasco puede personarse en la causa hasta la apertura de juicio oral y, por lo tanto, dispone de tiempo suficiente para "analizar con detalle pros y contras, y adoptar la decisión correspondiente" teniendo en cuenta que la fase de instrucción se prolongará previsiblemente durante varios meses.
Además, subrayó, el personamiento en un proceso penal sólo puede hacerse a título de acusador particular y la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad "ya explicó claramente tras repasar exhaustivamente los expedientes de las subvenciones concedidas a este proyecto que no ha encontrado irregularidad alguna". Tapia ya apuntó que "ha constatado la regularidad del procedimiento y el cumplimiento efectivo de todos los hitos y compromisos asumidos por los solicitantes". "Por lo tanto, no tiene en este momento motivo objetivo y justificado alguno para emprender acciones penales contra nadie ni para personarse en un procedimiento en el que en principio no tiene cuentas pendientes", añadió Erkoreka. Hasta la fecha, insistió, "no se ha constado menoscabo efectivo alguno para la Hacienda General del País Vasco".
Sin base para una acusación particular
En este punto, dejó claro que si las investigaciones evidencian que el expediente de las ayudas "no refleja fielmente la realidad y existen motivos para justificar ese personamiento, no tendríamos ninguna duda en hacerlo. Pero hoy por hoy esas circunstancias no se producen y con los datos que tenemos sobre la mesa no encontramos base para personarnos como acusación particular".
Para Erkoreka no se puede pasar por alto que "el grueso de las alegaciones" de la querella criminal interpuesta por la Fiscalía de Álava hacen referencia "a las ayudas obtenidas del Gobierno central, no del Gobierno vasco, a las que sólo se hacen referencias muy tangenciales. Con la información que tenemos, no hay base para formular una acusación particular".
"Actuaremos con responsabilidad y en defensa del interés público. Si de la investigación se puede acreditar la existencia de inexactitud en el expediente y algún motivo que justifique la contravención de la normativa de subvenciones, el Gobierno no dudará ni un minuto en personarse para hacer valer su derecho", concluyó.
"Fase muy preliminar"
Erkoreka ha subrayado que el proceso penal está en "una fase muy preliminar", ya que fue ayer mismo cuando el juzgado admitió a trámite la querella presentada por la Fiscalía de Álava y la instrucción del caso durará "varios meses, por lo que "hay tiempo de sobra" para tomar una decisión. El fiscal ve seis posibles delitos en la actuación de los promotores del coche eléctrico, que lograron 15 millones de euros públicos del Gobierno de España (negociados por el PNV con José Luis Rodríguez Zapatero) y 2,7 del vasco, además de cantidades menores de las instituciones alavesas. Los delitos que les atribuye son: malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración y de subvenciones públicas, apropiación indebida y blanqueo de capitales.
El peneuvista Erkoreka ha recordado que la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, también del PNV, ya ha explicado que no se han encontrado irregularidades en las subvenciones concedidas a Hiriko por el Gobierno vasco, que los objetivos de las ayudas se cumplieron y que las cuentas fueron auditadas.
En base a todo ello, el Ejecutivo no encuentra "un motivo justificado" para personarse en el caso, especialmente, ha dicho el portavoz, cuando al tratarse de un proceso penal solo puede hacerlo como acusación particular. "Hasta la fecha no se ha constatado que en la concesión de esas ayudas se haya producido menoscabo efectivo alguno a la Hacienda general del País Vasco", ha declarado Erkoreka, quien cree por tanto que "no hay base para formalizar una acusación particular". En cualquier caso, "si a lo largo de las investigaciones" se descubren "motivos para justificar" su participación en la causa, el Gobierno "no dudaría ni un minutos en personarse para hacer valer su derecho".
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