Piden 89 años a un empresario de Neguri como cerebro de la 'mafia de la gasolina'

La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional pide para él y para su lugarteniente, José Norberto U., quien fue director de Administración local con Feijoo en la Xunta de Galicia, un total de 89 años y tres meses de prisión en el juicio, que se celebrará el próximo mes de septiembre, además de la disolución de su empresa. Los dos principales acusados se enfrentan a 14 delitos de fraude fiscal, además de otro de organización criminal en su modalidad agravada de dirección, promoción y coordinación, y uno más de blanqueo de capitales.

Según el auto de apertura de juicio oral al que ha tenido acceso este periódico, dictado por el magistrado-juez central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, 'Alex' ideó presuntamente un «complejo» entramado dirigido a eludir el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que carga con un 21% los hidrocarburos, para su «enriquecimiento patrimonial» y el de los otros 14 acusados.

La red aprovechaba las «peculiaridades del comercio de hidrocarburos», que permite la exención del IVA al importar el producto que se ha adquirido a empresas y brókeres internacionales mientras se encuentra en el depósito franco. Hafesa utilizaba esos depósitos fiscales, como DBA Bilbao Port, CLH o Sesicar, para evitar pagar las cuotas de IVA al vender el diésel a empresas distribuidoras, que actuaban supuestamente como testaferros, entre los ejercicios de 2016 a 2019. La cuantía defraudada asciende a los 155 millones de euros.

Estas operaciones comerciales provocaban además una «monopolización del mercado», ya que como vendían la mercancía por debajo del precio de coste «eliminaban la competencia de terceros incapaces de ofertarla más barata», señala la Fiscalía en su escrito de calificaciones provisionales.

Para evitar la inspección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), incluían en la declaración de Hacienda cuotas de IVA menores por operaciones falsas o solicitaban el aplazamiento del pago. Según la Fiscalía, Alejandro H. «repartía las tareas a realizar entre distintas personas, tratando de permanecer en el anonimato tanto frente a terceros como a organismos públicos».

El entramado estaba encabezado por el proveedor, Hafesa Energía. En un segundo nivel se situaban las operadoras al por mayor, y por debajo, las comercializadoras. En total, una veintena de empresas. «De sus 15 principales clientes, 14 tienen deudas millonarias con la Hacienda pública» y representan «el 70% de lo facturado», por lo que, según la Fiscalía, «se infiere que han sido creadas o dispuestas por este conglomerado empresarial con la finalidad de realizar una actividad fraudulenta».

«Esta estructura facilita la estabilidad en el tiempo de la organización criminal y de la dinámica delictiva, pues sólo deben reponer la operadora instrumental por otra nueva cuando la anterior acumule un importante fraude con la Hacienda pública».

Anticorrupción pide también que se anulen todas las transferencias sin causa legítima entre las mercantiles, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas o beneficios fiscales.

Por su parte, la abogacía del Estado, que representa a Hacienda como acusación particular, reclama para el principal acusado, que «ejerce un dominio total» sobre el resto del conglomerado empresarial», 42 años de prisión por catorce delitos fiscales y, como responsabilidad pecuniaria, una multa de 2.553 millones de euros.