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El 10 de mayo de 2021 las reglas del sector ferroviario español cambiaron para siempre. La progresiva liberalización de los trazados de alta velocidad empezó con la ruta Madrid-Barcelona -la más demandada- y Renfe se encontró por primera vez en la tesitura de competir ... con empresas privadas. Primero llegó Ouigo, filial de la SCNF francesa, y después Iryo, consorcio liderado por Trenitalia.
La principal consecuencia fue un aumento de servicios en las rutas principales y una guerra de precios muy ventajosa para los usuarios. Antes de la liberalización el billete de AVE entre las dos principales ciudades españolas costaba unos 85 euros y ahora vale en torno a 20. ¿Es sostenible la pugna?
Aunque la cifra de viajeros de los servicios de alta velocidad crecieron el ejercicio pasado un 36% hasta los 32,4 millones, los números parece que no cuadran. Según los balances presentados por los tres operadores, entre 2022 y 2023 registraron unas pérdidas conjuntas de 299,8 millones. Las cuentas del pasado ejercicio se han hecho públicas esta misma semana.
La guerra de precios arroja un saldo negativo de 116,1 millones para Renfe, de 104,4 para Iryo y de 79,3 para Ouigo. En el caso del operador público, la situación ha llevado a poner en marcha un programa de eficiencia que ha incluido prejubilaciones y recortes en las indemnizaciones por retrasos del AVE, equiparándolas a las cuantías de sus dos competidoras. Hace unos años, el Gobierno vasco se mostró interesado en operar a través de Euskotren servicios 'intercity' entre las tres capitales cuando el trazado del TAV se inaugure.
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