El pasado 17 de enero, la Fiscalía, las acusaciones y los abogados de cinco procesados por corrupción en Alonsotegi, entre ellos el que fuera alcalde entre 2011 y 2015, José Luis Erezuma (PNV), llegaron a un preacuerdo para evitar que se celebrara el juicio que ... estaba fijado para el día siguiente. El regidor, dos constructores, un arquitecto y una técnico municipal aceptaron declararse culpables de los delitos de fraude en subvenciones públicas, malversación, falsedad y prevaricación. Además, se comprometían a devolver el dinero público que habían desviado presuntamente de manera ilítica (una cantidad próxima a los 850.000 euros, teniendo en cuenta los intereses legales). El pacto contemplaba que los acusados fueran castigados con penas de cárcel no superiores a dos años para que así pudieran eludir su ingreso en prisión.
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Sin embargo, han pasado más de dos meses y el acuerdo que se anunció sigue sin elevarse a definitivo. Tanto es así que, ahora mismo, pende de un hilo, según ha podido saber este diario. El gran obstáculo es la devolución del dinero. Alguno de los acusados estaría poniendo trabas a las cantidades y a los modos de pago con los que se había comprometido.
El acuerdo incluía devolver el dinero defraudado a cambio de una condena inferior a dos años
Ante esta situación de parálisis, las acusaciones, tanto la popular, ejercida por EH Bildu, como la del Ayuntamiento, no están dispuestas a esperar más. El próximo jueves habrá pleno municipal en Alonsotegi y se va a abordar este asunto. Al parecer, todas las formaciones políticas con representación (PNV, PSE y EH Bildu) están de acuerdo en instar al abogado del Consistorio a que ponga fin a las negociaciones y solicite al juez que celebre el juicio que quedó aplazado en enero por el preacuerdo. Será un ultimátum.
Deuda previa
El caso se remonta a 2011. El Ayuntamiento debía una fuerte cantidad de dinero a los constructores implicados por un proyecto previo. Así que, según la Fiscalía, los acusados urdieron una trama para hacerse con el dinero solicitando subvenciones (600.000 euros procedentes de la Diputación, más otros 81.392 que salieron de las arcas del Consistorio).
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Aprovecharon unas lluvias torrenciales que se produjeron entre el 4 y 6 de noviembre para pedir ayuda y reparar supuestamente tres instalaciones (los bajos de la casa consistorial, el ambulatorio y un muro en la carretera general). El fiscal, que pedía seis años de cárcel por los delitos de fraude en subvenciones públicas, malversación, falsedad y prevaricación, considera que tales obras no eran necesarias y tampoco se llegaron a ejecutar. En cambio, sí se prepararon informes municipales para justificar su necesidad y para intentar acreditar que habían sido presuntamente realizadas. Estos documentos, redactados o revisados por dos arquitectos y una asesora, serían falsos y se habrían elaborado para dar apariencia de legalidad a la operación. Las obras se adjudicaron por la vía de urgencia, sin procedimiento de contratación.
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