La patronal acusa a los partidos de «criminalizar» a las residencias

El texto viene a responder a la última propuesta aprobada por las Juntas Generales para reforzar el control sobre las residencias del territorio. Se trata de que la Diputación extreme la vigilancia sobre los gastos en el sector. La medida fue aplaudida por los partidos y los sindicatos. Sin embargo, a ojos de la patronal, la decisión constituye «la última campaña de desprestigio emprendida» contra las empresas que gestionan los geriátricos.

Las asociaciones empresariales defienden que se cumplen «estrictamente» todas las exigencias económicas y laborales, incluido el ratio de trabajadores sociosanitarios que atienden a los usuarios, «superior al 50% en el caso de Bizkaia». «Es decir, por cada dos personas atendidas en residencias en el territorio, hay una persona contratada a jornada completa».

Las organizaciones expresaron su preocupación por «la imagen que se está trasladando» a la opinión pública y a la sociedad vizcaína, de una actividad -sostienen- de calidad, regulada, inspeccionada y controlada, que es referente a nivel nacional».