Un paso necesario

Análisis ·
Debe mejorar la transparencia de la Iglesia, pero también pedir cuentas a otras instituciones

Pedro Ontoso

Sábado, 29 de junio 2019, 01:14

En diciembre de 2018 el Obispado de Bilbao informó de manera pública sobre las denuncias presentadas contra un vicario territorial por «comportamientos inadecuados contra la libertad sexual» con tres mujeres, una de ellas menor de edad. Mario Iceta no sólo cumplió con el protocolo eclesiástico ... poniéndolo en conocimiento de la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma, 'ministerio' encargado de estos asuntos, sino que también lo trasladó a la Fiscalía. Todo en un tiempo récord. Era un signo de que algo estaba cambiando en la praxis para abordar los abusos en el seno de la Iglesia. El anuncio de una comisión diocesana para prevenirlos y atenderlos viene a confirmar ese volantazo para acabar con comportamientos que abogaban por una cultura del silencio y por lavar los trapos sucios en casa.

En efecto, el 'caso Egoitz', añadido al 'caso Gaztelueta' y a los episodios de los salesianos, fue un aldabonazo para acelerar medidas en la diócesis que fueran capaces de ofrecer una respuesta adecuada a la plaga de la pederastia, además de una vigilancia más extrema. El 'motu proprio' (propia voluntad) que el Papa Francisco aprobó el pasado 9 de mayo, denominado 'Vos estis lux mundi' (Vosotros sois la luz del mundo), emplazaba a las diócesis a establecer en un año sistemas estables para enfrentarse al problema. En Bilbao no han esperado a agotar el calendario fijado por el decreto pontificio y han dado un primer paso.

Ni siquiera han esperado a la decisión del Vaticano sobre el protocolo actualizado que la Conferencia Episcopal Española ha enviado a la Santa Sede para su validación. La normativa ha sido elaborada por una comisión presidida por el que fuera obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, que falleció de manera repentina el pasado 15 de mayo. El prelado había confesado a su círculo más íntimo que este tema le iba «a matar». Y lo cierto es que fue una pesada losa que le superó. Este episodio da la medida del sufrimiento con el que la Iglesia está viviendo esta situación.

La comisión era un paso necesario. Llega con retraso sobre lo que se ha hecho en otros países, pero por delante de otras diócesis españolas. Me consta que los miembros que la integran son personas de acreditada calidad humana y profesional. Responden a un perfil con mucha experiencia en el ámbito del acompañamiento terapéutico, el sector educativo, el mundo jurídico y canónico, e incluso de la victimología y la criminología. Y salvo una de ellas, son laicos. La independencia eclesiástica, en este caso, es muy importante. Garantiza criterios más profesionales y técnicos.

El goteo de estas comisiones llega en un momento oportuno, cuando la Fiscalía General del Estado acaba de finalizar un informe en el que denuncia la opacidad de las estructuras eclesiásticas. Es verdad que hay que mejorar en transparencia, pero también que el Ministerio de Justicia debería pedir cuentas a otras instituciones, porque el drama de los abusos a menores afecta a la sociedad en su conjunto.