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El director de la Comisión de Protección de Menores y Prevención de Abusos Sexuales de la Diócesis de Bilbao, Carlos Olabarri, ha presentado el resultado de las investigaciones sobre pederastia en entornos eclesiales en Bizkaia. La elección de la fecha, Miércoles de Ceniza, no ha ... sido casual. En un día «especial para los creyentes», una jornada «de conversión y arrepentimiento», la Iglesia vizcaína puso cifras a esta lacra. Desveló que la comisión analiza desde su puesta en marcha, en el verano de 2019, un total de 32 expedientes abiertos por presuntos abusos en el pasado a menores que afectan a alrededor de medio centenar de víctimas, muchas de ellas agredidas en los años sesenta y setenta. De todos los informes, 18 señalan a otros tantos religiosos de congregaciones como supuestos agresores sexuales y 14 documentos, a 16 sacerdotes diocesanos.
Pero esos datos, ha insistido Gemma Escapa, una de las integrantes del grupo de trabajo, no reflejan la realidad. «Hay víctimas que no conocemos, que son igual de importantes que las 50 con las que nos hemos reunido», ha subrayado. El presbítero Carlos Olabarri abundó en ese mensaje antes de insistir en que los casos conocidos «son muchos, porque uno solo ya es demasiado». «Cualquier abuso, por leve que parezca, es insoportable e intolerable», ha recalcado.
Investigación de la Universidad de Deusto
La comisión da por cerrados 18 de los casos presentados, porque los afectados no necesitan nada más de la institución, mientras que otros 14 continúan abiertos, con diferentes medidas de apoyo y reparación. El Obispado que encabeza Joseba Segura, que ha decidido llevar la iniciativa en la prevención de abusos en la Iglesi, impulsar las investigaciones internas y reparar a las víctimas, reconoció que nueve supuestas agresiones sexuales –cinco referentes a congregaciones y cuatro a sacerdotes diocesanos– se conocieron el año pasado en el transcurso de las pesquisas.
La memoria recoge que, de los sacerdotes diocesanos acusados, catorce han fallecido y que de los dos restantes se desconoce la identidad. La comisión, integrada por tres abogados –entre ellos los dos portavoces que comparecieron esta mañana–, una educadora, una psicóloga y un exertzaina, trasladó tres de los casos a la Fiscalía. Escapa ha explicado que uno «está archivado de manera provisional» y los otros dos, en «los que se acompañó a las víctimas porque así lo querían», prescritos.
La comisión dio cuenta de los informes elaborados por la Universidad del País Vasco sobre la Santa y Real Casa de Misericordia y sobre el Seminario de Derio, a cargo de la Universidad de Deusto. En el primero de ellos, ha señalado Olabarri, «en gran cantidad de casos, las víctimas no hablan de lo sucedido», por lo que es «difícil» saber a cuántos menores afectaron las agresiones. Si bien en un primer momento se barajó que pudiera haber más implicados en los abusos, la criminóloga que ha desarrollado la investigación solo ha podido confirmar los ataques a menores, «todos ellos varones», entre 1961 y 1978, por parte del que fuera director del centro, José Luis Pérdigo.
En el caso del centro de formación para futuros sacerdotes, las pesquisas se centraban en un primer momento en los abusos cometidos entre 1953 y 1956 por Manuel Estomba, 'director espiritual' de los alumnos más jóvenes, de 11 y 12 años. Sin embargo, decidieron ampliar la investigación a todo el período en el que permanecieron abiertas las instalaciones, hasta los años 70. Los investigadores han recibido testimonios sobre abusos en el seminario menor en los años 60 en los que se apunta a dos personas.
Gemma Escapa ha insistido en que «cada persona y cada caso es único y especial». Ellos ponen a su disposición el centro de orientación familiar Lagungo, que «ofrece terapia personalizada, por tiempo indefinido y gratuita». Algunas de las personas que acuden «están muy dañadas», ha lamentado. Olabarri, de hecho, hizo hincapié en que «han sufrido uno de los crímenes más viles y atroces que se pueden concebir». La entidad terapéutica dependiente del Obispado recibió el pasado año a diez víctimas. Dos «no necesitaban intervención» y las otras ocho comenzaron un tratamiento. Además, derivaron a tres personas a las redes de apoyo de otras provincias ya que en la actualidad no residen en Bizkaia.
Otro de los proyectos que quieren impulsar es la celebración de procesos restaurativos, algo, en palabras de Escapa, que requiere «de voluntad por parte de la víctima y de la otra parte». Además, también es «necesaria» «mucha competencia por parte de los profesionales». De momento, afectados de la Misericordia y el Seminario les han trasladado que quieren tener un encuentro «con responsables» de estas instituciones.
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