El número de licencias tipo Uber en Bizkaia se duplica en menos de dos años

En septiembre de 2021, el volumen de VTC que circulaba legalmente por Bizkaia era de 39, contando Uber (el único gigante presente en Bilbao) con cerca de una veintena de automóviles. Actualmente, hay 90 licencias activas, según los datos aportados ayer a este diario por la Diputación. La institución foral precisó que la mayor parte de estas autorizaciones administrativas han sido otorgadas en cumplimiento de varias sentencias judiciales que condenaron precisamente a la Administración provincial por negarse a tramitarlas. Sus servicios jurídicos se habían escudado en un ratio establecido por un controvertido decreto estatal para no expedir los permisos. Esta normativa (conocida como Decreto Ábalos, en alusión al exministro socialista José Luis Ábalos) establece que la relación entre VTC y taxis debe ser de uno a 30. Es decir, por cada vehículo tipo Uber debe haber, al menos, 30 normales.

Ahora mismo, esa proporción ha entrado en un claro desequilibrio en Bizkaia. Hace dos años circulaba una VTC por cada 32 taxis. Con las últimas autorizaciones emitidas por orden judicial, la proporción es de uno a 14. El año pasado, Uber anunció que duplicaría su servicio en Bizkaia por lo que buena parte de esas nuevas licencias parecen haber ido al gigante de origen estadounidense.

En cualquier caso, esta norma del 30 a 1 parece tener una fecha de caducidad próxima. Ayer, la Justicia europea se pronunció sobre este asunto y dejó claro que establecer una limitación en la relación numérica taxi/VTC no está justificado y que puede contravenir la libertad de mercado. Es algo que la Autoridad Vasca de la Competencia, por ejemplo, viene denunciando en los últimos años, censurando que esta cortapisa afecta negativamente al usuario final.

El Tribunal de Luxemburgo dio ayer su opinión después de recibir una consulta prejudicial evacuada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que tiene sobre la mesa para resolver un recurso contra las normas de regulación del sector aprobadas por la ciudad de Barcelona.

Esta decisión puede sentar un precedente importante en las futuras decisiones judiciales españolas. En la práctica, hiere de muerte el decreto promulgado por el exministro Ábalos.

En este complejo escenario, Euskadi sigue por ahora aplicando esa limitación del 30 a 1, en base a la norma estatal, según apuntan fuentes del Gobierno autonómico. El País Vasco cuenta con una normativa específica desde 2019, pero en la práctica también está herida de muerte puesto que el Tribunal Supremo anuló varios artículos polémicos del texto, como la obligatoriedad de contratar el servicio de VTC con 30 minutos de antelación o la prohibición para utilizar la geolocalización.

Lo que puede pasar a partir de ahora es que la diputación (que es el organismo que está obligado a tramitar la licencia) se vea obligada a seguir concediendo permisos VTC en base a las decisiones judiciales y al colapso de la actual normativa (tanto estatal como autonómica). Tras el fallo del Supremo, en Álava, por ejemplo, se detectó un aluvión de solicitudes.