La adaptación al nuevo modelo de residencias de Bizkaia «destruirá» casi la mitad de las plazas públicas

Unas 250 personas, convocadas por los cinco sindicatos con presencia en el IFAS –LAB, ELA, UGT, CC OO y SATSE–, se han concentrado en la mañana de este miércoles en la puerta de las Juntas Generales, donde el diputado de Acción Social, Sergio Murillo, presentaba el proyecto de presupuestos de su departamento para 2023. Los representantes de los trabajadores consideran que la puesta en marcha de este tipo de micro-residencias es «algo positivo, que beneficia a la sociedad y mejora la calidad de los servicios públicos», pero la «gestión» para implantar esa fórmula, a su juicio, «claramente vulnera los derechos de la ciudadanía» al «eliminar recursos públicos».

«La destrucción de plazas residencias públicas supone la cesión a empresas privadas», censuran desde el comité, que también advierte de que desaparecerán «16 puestos de trabajo» de limpiadoras, subgobernantas, ayudantes de mantenimiento y auxiliares sanitarias.

En la concentración también había representantes del movimiento de pensionistas y de Babestu, la asociación de familiares de residentes de Bizkaia. Desde este colectivo entienden que, con el nuevo sistema, «mejorarían el cuidado y la atención de los usuarios», por lo que consideran «oportuna su creación», teniendo en cuenta además que la pandemia ha revelado que, «a mayor tamaño, mayor índice de mortandad». Esa transición, insisten, no debe ir «en detrimento las de plazas públicas, que es lo que en estos momentos ha puesto en marcha la Diputación», y debe dotarse a los centros de «un número de trabajadores adecuado» para garantizar esa «atención personalizada».

Portavoces del área de Acción Social no entran a valorar las críticas, si bien remiten a las declaraciones del propio Murillo en la comisión, en la que ha asegurado que el IFAS «tendrá la mayor plantilla en diez años», así como que la atención a las personas mayores recibirá 212,2 millones de euros, «el 33,92%» del presupuesto del departamento. De ellos, 111,3 se destinarán a los centros residenciales, con el incremento de plazas concertadas hasta alcanzar las 3.125 y la inclusión de unidades convivenciales.

Hasta mediados de año, apenas funcionaban una decena de estas unidades en cuatro complejos asistenciales del territorio, pese a que en un primer momento se interesaron hasta 24 centros. «El problema fundamental es la pérdida de plazas que conlleva este sistema», señala Aitor Pérez Artetxe, portavoz de Gesca, la patronal.

En esa adaptación al innovador modelo, podrían desaparecer «el 35 o el 40%». Y menos plazas significa menos dinero, de ahí que la «pelea» que tienen los centros privados sea la de la «sostenibilidad», porque dejarse tres de cada diez residentes sería «la ruina» para muchos centros. Para mejorar la atención, debería haber «dos o tres profesionales siempre» en cada unidad, independientemente de «si tienes ocupadas las 25 plazas o 12», precisa el responsable de las residencias privadas, que pide «más flexibilidad» a la Diputación sobre todo en la parte «arquitectónica». «Tenemos los edificios que tenemos; no todos pueden adaptarse como piden».

Al margen de lo económico, han trasladado otros «miedos y dudas» a la entidad foral. Pérez Artetxe hace hincapié, en ese sentido, en que se trata de una «idea que no está testada», no hay ejemplos en los que fijarse si funciona bien o no. E insiste en que «no hay un consenso científico» sobre si «es bueno para todos los usuarios».