La nueva promoción para reubicar a 102 familias en Arnuero arrancará en un año

El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, se reunió el martes con representantes de AMA, la Asociación de Maltratados por la Administración, que lleva años defendiendo los intereses de los propietarios de estos cháles, para avanzarles que las nuevas viviendas tardarán año y medio en edificarse. Así, a finales de 2021 o principios del siguiente, los vecinos podrán abandonar sus actuales hogares para ocupar otros nuevos, levantados con todos los parabienes de las administraciones. Eso sí, en Quejo, una zona más urbana alejada de la playa, una circunstancia que lamenta José Manuel Olaiz, portavoz de los afectados. «Tenemos que renunciar a la ubicación actual, y eso hace que nuestras viviendas pierdan valor, pero es lo que hay», asume.

Los 102 propietarios beneficiarios del plan que contempla el Ejecutivo regional, el 60% de ellos vizcaínos, tendrán ahora la opción de cambiar llave por llave o decantarse por una indemnización derivada de la demolición de sus actuales viviendas, que se calcularía en función del valor actual en el mercado, próximo a los 1.700 euros el metro útil.

Ni Olaiz ni Antonio Vilela, presidente de AMA, pueden avanzar cuántos de los afectados optarán por una vivienda de sustitución. «Han pasado 25 años y en este tiempo la situación de cada familia ha cambiado mucho», exponen. Pero ambos han valorado positivamene el último paso dado por la Administración, «porque es de las pocas veces que vemos algo real, que se puede hacer».

Mientras en el caso de Arnuero –donde 42 chalés fueron demolidos hace una década–, ya se han producido novedades, cientos de propietarios de viviendas marcadas permanecen todavía en situación de indefensión en los municipios de Argoños, Piélagos y Escalante. Y las cosas no cambiarán a corto plazo porque, según reconoció el consejero Gochicoa, los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirán regularizar estos inmuebles tampoco se aprobarán este año, como había anunciado el Gobierno cántabro. «Ya nos gustaría, pero no va a ser factible», señaló.

Los representantes de AMA no ocultan su «enfado» por esta circunstancia, «porque estos planes llevan años haciéndose y nunca se terminan», advierte Vilela. Por eso, instan al Ejecutivo a que «acelere» un poco más la tramitación de estas herramientas urbanísticas para que salgan adelante antes de que acabe el año.