Un siglo como inquilinos del caserío 'Barzubia'

Ambos clanes, emparentados, arrendaron el caserío a su propietario. Durante años, compartieron techo y «realizaron todas las obras necesarias» para mantener el caserón en buen estado y habitable. «Arreglaron el suelo o las escaleras, por ejemplo», explican desde la familia Albizua. Miren Albizua, Patxi o Vitori Uría fueron algunos de sus ocupantes, aunque entre los más conocidos figura el sacerdote J. M. Uría, muy querido en el municipio. El religioso abandonó el baserri en 2017 e ingresó en una residencia. Con su marcha, la única ocupante que quedó fue Karmele Albizua, que ahora cuenta 87 años.

«Está muy bien psíquicamente, pero tiene dificultades físicas para hacer frente a los desperfectos y las barreras arquitectónicas de la casa. Además, una persona sola no podía afrontar lo que supone este caserío. Al final, obligada, la tuvimos que sacar de allí», cuenta María José Albizua, su sobrina. Fue el pasado mes de agosto.

En ese punto es dónde las cosas se complican. La semana pasada EH Bildu denunció que el Ayuntamiento iba a pagar 25.000 euros a la familia de una manera irregular, que el edificio era público y que la mujer había vivido en él sin pagar nada y «en precario». No dudaron en señalar que el parentesco entre Karmele y el actual alcalde, Asier Albizua, estaba detrás de la supuesta irregularidad. Se llegó a decir que eran «los dueños» y que se trataba de una antigua expropiación, puesta en marcha cuando se decidió desarrollar el polígono industrial Torrontegi II.

La familia desmiente cualquier trato de favor y demuestran, con papeles en la mano, que nada de eso es real. El propietario se deshizo del Barzubia, sin avisar a los inquilinos. «No hubo ninguna expropiación, si no que por un acuerdo de pleno de 1999, una Junta de Compensación depositaría cuatro millones de pesetas, es decir, 25.000 euros de hoy en día, en una cuenta bancaria en compensación a los renteros cuando estos abandonaran el edifico, que en ese momento quedaría como público para construir equipamiento docente», recuerdan los Albizua.

De esta forma, el dinero que ahora van a recibir «no forma parte del presupuesto municipal», según fuentes municipales que han precisado que «se abonará cuando depositen las llaves». «Mi tía se ha ido y las ha entregado ahora casi 20 años después de cuándo se materializó el acuerdo entre ambas partes», confirman. Lo que, sí les dijeron desde el Consistorio, es que en el plazo de un mes debían retirar todos los enseres y cosechas de las huertas que rodeaban al caserío. Algo que ejecutaron en su momento. También, destacan que durante estos años nadie les ha pedido ni un euro por permanecer allí, sólo que cuando se irían, cobrarían los 25.000 euros, algo que va a ocurrir ahora.

Los servicios jurídicos municipales ven claro y legal que se le abone la cantidad, un paso que cuenta con el visto bueno de la intervención y la secretaría del Consistorio. Los familiares, por su parte, lamentan que «este tema se haya convertido en una guerra política cuando todo está muy claro».