Los dueños de las viviendas incendiadas en Basauri deberán costear su derribo

Ante el «elevado coste de las intervenciones necesarias» para garantizar la estabilidad y seguridad de la edificación, «es probable que se pueda catalogar en ruina económica, lo que plantea serias dudas sobre la viabilidad de su rehabilitación», apunta el mismo documento, elaborado por una empresa externa de ingeniería y validado por los servicios técnicos municipales. Teniendo en cuenta esto, «no se observa otra alternativa que la de incoar un expediente de declaración de ruina». El Consistorio será el encargado de tramitarlo en un plazo de entre tres y nueve meses.

Fuentes municipales apuntaron que el derribo de las viviendas debería correr a cargo de los propietarios, que tendrán que gestionar el proceso para los cuatro portales. El 1, 5 y 7 estaban habitados cuando se produjo el incendio, mientras que el 3 lleva años tapiado.

El suceso perjudicó en torno a una veintena de familias y se cobró la vida de un hombre que se lanzó al vacío tras verse rodeado por las llamas. Hasta que el derribo se ejecute, todas las viviendas deberán permanecer desalojadas y se impedirá el tránsito por la acera adyacente a las mismas.

Tras el incendio, el sindicato de vivienda Batu y los residentes criticaron que no se les había permitido realizar ninguna reforma en los bloques afectados, que llevaban fuera de ordenación urbana décadas. El Ayuntamiento negó «rotundamente» este extremo y afirmó que durante años se había requerido a los dueños de lisos «en varias ocasiones que realicen obras de mantenimiento y, aunque alguno sí las hizo, la mayoría de los propietarios no».

Las mismas fuentes municipales recordaron que «el estado en el que se encontraban las viviendas antes del incendio es responsabilidad única y exclusiva de sus propietarios». También subrayaron que las casas llevaban fuera de ordenación desde el anterior Plan General de Ordenación Urbana, de 2002, y que muchos de los residentes «las han comprado después, estando ya fuera de ordenación y siendo conscientes de ello».

El Ayuntamiento costeó durante un mes los gastos de alojamiento en un hotel para los damnificados, pero a principios de marzo explicó que dejaría de hacerlo y, en su lugar, ofrecía a cada unidad convivencial una ayuda de 2.640 euros para los costes de un alquiler durante tres meses. Tras varias negativas por parte de la mayoría de familias, el pasado jueves, todas las que no la habían aceptado comenzaron a tramitarlas.