Kanda Landaburu regresa a la legalidad trece años después

El equipo de gobierno ha optado por incluir «dentro de ordenación urbana» a las 35 viviendas que se situaron hace trece años fuera de la legalidad después de que el Consistorio, entonces gobernado por el jeltzale Rafa Ibargüen, anulase el estudio detalle de la promoción. El ejecutivo local retiró la licencia después de comprobar que se había duplicado en más de 3.000 metros cuadrados el número de metros que se podían construir. El Tribunal Supremo avaló en 2012 la decisión municipal al rechazar el recurso de casación interpuesto por Gaztañabaltza, la promotora que levantó las viviendas.

Entienden los mandatarios locales, en manos del también jeltzale, Andoni Busquet, que no queda otra opción para «normalizar la situación urbanística de los vecinos implicados». Y argumentan que «la solicitud de cualquier tipo de indemnizaciones a los promotores prescribió legalmente en el 2010, durante la legislatura socialista». «La solución judicial la tendrían que haber buscado entonces», remarcan. Además, los responsables municipales explican que aunque la sentencia «declaraba nulo el estudio detalle, el juez no obligaba a la promotora Gaztañabaltza a indemnizar al Ayuntamiento de Basauri». «Hemos intentado en varias ocasiones llegar a algún acuerdo de resarcimiento con los promotores, pero ha sido imposible y la capacidad legal de presión al respecto era nula», lamentaron.

Desde EH Bildu no quieren entrar en las particularidades del caso al tiempo que aseguran que la coalición «ni siquiera existía». «Nosotros siempre hemos estado con los vecinos y lo que tenemos claro es que se tenía que solucionar».

El PSE, partido al que el PNV acusa de no haber solicitado una indemnización en los tribunales, denuncia que es el equipo de gobierno local el que ha «desperdiciado más de un millón de euros al no exigir compensación económica». Basauri Bai lamenta que «ha existido una dejación del deber de vigilancia durante tres años que ha impedido que se adoptaran las medidas para evitar perjuicio para el interés general, cuando sí que hubiera sido al principio asumible la compensación en términos económicos y sociales».