La jueza da la razón a la Abogacía del Estado en el conflicto por la primera consulta urbanística de Basauri

La magistrada del juzgado Contencioso- Administrativo número 2 de Bilbao admitió el año pasado la demanda estatal en la que se solicitaba que se suspendiese el plebiscito y la nulidad del acuerdo plenario en el que se aprobó la cita. Entonces, el Ejecutivo se basó para poner en marcha el referéndum en el Artículo 82 de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi. De esta manera, el Consistorio no tenía que pedir al Gobierno central que aprobara la cita, ya que no tenía carácter vinculante, aunque la Administración local tenía intención de respetar el resultado.

Para no retrasar más la celebración de la consulta, el Ejecutivo de Andoni Busquet solicitó a comienzos de junio al Consejo de Ministros que aprobara la convocatoria, que en esta ocasión se ha aceptado, por lo que los basauritarras podrán votar el próximo 17 de diciembre.

Y a tres meses de la nueva cita la jueza hace público su veredicto en torno a la discusión por la primera convocatoria. Según la magistrada, el Gobierno municipal debería haber impulsado el referéndum tomando en cuenta el artículo 80 de la misma ley porque la cita con las urnas está dirigida «a toda la ciudadanía» y se somete «consulta un asunto de competencia propia municipal y de carácter local de especial relevancia para los intereses de los vecinos». Y, en base a esas características, entiende que el Ayuntamiento debía haber solicitado «una autorización al Gobierno del Estado».

En este sentido, la resolución, además de estimar el recurso interpuesto por la Subdelegación del Gobierno, anula el acuerdo plenario del 28 de julio en el que se aprobó la celebración de la consulta popular y el decreto de Alcaldía del 26 de agosto en el que se determinaron y concretaron los aspectos que iban a regir en la convocatoria. No impone las costas a ninguna de las dos partes.

Desde el Ejecutivo local avanzaron que se ha recurrido ante «el convencimiento de que tenemos razón y de que la ley nos asiste». Asimismo, subrayan que la decisión judicial no afecta a la consulta convocada para el 17 de diciembre. El grupo municipal del PP, sin embargo, acusó al alcalde de hacer «una chapuza». «Todo el mundo le dijo que no podía hacer lo que quiso, hizo un batiburrillo y ahora se ha visto que cuando se hacen las cosas conformes a la ley se pueden hacer», aseguró el portavoz, Gabriel Rodrigo. También reclamó que Busquet «pida perdón por querer confundir y alegar que se había suspendido por un tema político».