El Juzgado confirma cobros indebidos del ex director del teatro de Basauri y abre un juicio oral

En febrero de 2020, tras una denuncia de Elkarrekin Podemos, la institución local inició una investigación para saber si era cierto que podía haber recibido pagos duplicados por parte del Gobierno vasco mientras ejercía sus labores como director de la Casa de Basauri. El Consistorio basauritarra también abrió entonces un expediente disciplinario al citado trabajador y dio cuenta de la investigación y actuaciones internas al Ministerio Fiscal, quien confirmó la «existencia de indicios de delito» y presentó la denuncia ante el Juzgado de guardia.

Una vez realizada la investigación penal, el Juzgado de Instrucción número 5 en un auto judicial emitido la semana pasada, ha determinado la existencia de «gastos presuntamente recibidos de forma indebida entre los años 2007 y 2017 por un valor de 41.244 euros». Según han explicado portavoces del Ayuntamiento, «como ha venido haciendo desde que el equipo de gobierno iniciara el expediente, a fin de depurar las oportunidades responsabilidades y en aras a seguir actuando con la absoluta transparencia, con la que siempre ha ejercido sus funciones, hemos informado a todos los partidos políticos de la resolución del Juzgado y seguirá reclamando ante los tribunales la depuración de las responsabilidades a que hubiera lugar así como la indemnización de los perjuicios causados».

El grupo municipal de Elkarrekin comenzó hace dos años a solicitar de forma «desglosada» las cuantías que el responsable había recibido desde el Ayuntamiento, pero también del Gobierno vasco y de la red española de teatros porque entendía que Ayo había cobrado de varias instituciones públicas por hacer el mismo trabajo, acudir a ferias a visionar espectáculos que después se programaban en el teatro de Basauri. La formación morada desveló precisamente que el responsable del teatro ya había devuelto al Consistorio 2.532 euros por «cobros indebidos durante 2016».

El grupo municipal que lidera Boby Galdos considera que la cuantía es más elevada y que podría haber duplicidades «dentro de los 148.596 euros» que el responsable municipal cobró de 2007 a 2017 de las dos entidades vascas. En detalle, «75.492 euros fueron sufragados por el Gobierno vasco, mientras que los 73.104 euros restantes salieron de las arcas municipales».

Ayo tiene la categoría de personal laboral con un contrato indefinido y un salario anual de 73.104 euros. Podemos siempre ha criticado que «la gravedad de estos hechos es todavía mayor ya que cuenta con la complicidad de los cargos políticos que eran conocedores de sus maniobras». Y apuntan que la «connivencia viene dada porque perteneció a la Junta Municipal del PNV, en la que ha tenido cargos importantes», acusaciones que niega el Ejecutivo local.

Remarcan el hecho de que el investigado ha ocupado la gerencia sin cumplir los «requisitos» que marca la ley municipal de 2003. Un año después, con Ayo ya en el puesto «se incluyó una disposición transitoria» que permitía que se mantuviese en el puesto a pesar de no cumplir lo exigido por la normativa. Una excepción que «no será aplicable» a otros candidatos, matizaron desde el gobierno local.