Dos empleados denuncian al Social por estar contratados «seis años de forma irregular»

El abogado de ambos solicita la diferencia salarial con respecto a las condiciones que se recogen en la Relación de Puestos de Trabajo del organismo autónomo. Pero además, el juzgado tendrá que dilucidar si los trabajadores están desempeñando su labor de forma ilegal.

En 2012 accedieron al puesto después de que el teatro echase a la anterior persona que ponía las películas. Los responsables de la sala recurrieron a una persona que estaba contratada desde marzo de 2011, primero por una empresa que prestaba el servicio y posteriormente por la empresa del proyeccionista despedido. Y como era mucho trabajo requirieron a un segundo profesional, sin relación anterior con la institución cultural. A ambos les propusieron darse de alta en «autónomos», a pesar de que no hubo un concurso público y les concedieron «800 euros limpios» de sueldo. «Aceptamos en su momento porque acabamos de ser despedidos de los cines de Bilbondo y nos agarramos a un clavo ardiendo, pero no tenemos que estar toda la vida prescindiendo de nuestros derechos», apuntan. Entienden que son «falsos autónomos». «Desempeñamos nuestro trabajo allí, con sus medios y no hemos podido negociar el salario», recuerdan.

La denuncia laboral ha sido utilizada por Basauri Bai para recriminar al Ayuntamiento la «mala gestión que se está realizando del Social». «El director general, Gerardo Ayo, está haciendo a la vez de director creativo y está dejando a un lado sus funciones. Lo lógico sería que se sacase a concurso el puesto creativo», requirió Galdos, que solicitó al Ejecutivo local que intervenga en la demanda laboral. Además, censuró que se ha estado durante los últimos seis meses «pagando facturas del servicio de taquilla y acomodación sin cumplir con la ley, en vez de sacarse a concurso público, lo que ha provocado reparos de intervención. Se ha fraccionado el contrato de 168.000 cuando se tenía que haber adjudicado nuevamente antes», defendió Galdos.

El alcalde, Andoni Busquet, apuntó que la relación laboral con los proyectistas se basó «en la legalidad vigente». Y añadió que es cuando se anuncia que se va a sacar un «concurso público», en el momento que se reivindican los derechos. «No corresponde porque no ha habido ningún proceso de selección, ni oposición pública», respondió. Además, enmarcó la crítica del mal funcionamiento del teatro a un «ataque» al director del Social y recordó que «en los últimos años la recaudación ha superado en el 22% los ingresos previstos y en algún ejercicio hasta en el 50%», defendió Busquet. El Ejecutivo local aseguró que acatará la decisión judicial.