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Con la cerradura cambiada y sin posibilidad de acceder al interior de la vivienda. Las ocupaciones ilegales no solo afectan a propietarios privados, el Ayuntamiento de Etxebarri es el último en denunciar a una persona que habría accedido a un piso, de propiedad municipal, de ... forma ilegal.
Según ha explicado a este periódico el alcalde, Loren Oliva, la institución local ha iniciado el «proceso de desalojo» de un inmueble que había sido habitado «por la fuerza por una joven ajena al municipio». «Estamos obligados a iniciar el expediente de recuperación al tratarse de un patrimonio y bien de todos», ha añadido.
A finales del año pasado el Consistorio se percató del hecho delictivo. El Ejecutivo local, en manos de La Voz del Pueblo, se puso en contacto con la joven y en los últimos meses ha mantenido «varias reuniones con la persona ocupante para intentar buscar soluciones y ofreciendo plazos más que razonables para encontrar alternativas», han afirmado. Sin embargo, pasa el tiempo y la mujer, que ha asegurado no «tener donde vivir», no abandona el edificio en el que hay más viviendas municipales que están cedidas a personas sin recursos de Etxebarri y a asociaciones del municipio. Portavoces municipales han estimado que «podría llevar en la vivienda más de 6 meses sin pagar ningún tipo de alquiler ni los gastos energéticos que están siendo asumidos por el Ayuntamiento».
La intención del gobierno local es recuperar el inmueble para incluirlo dentro del proyecto de cesión de vivienda a familias etxebarritarras en situación de vulnerabilidad. El proyecto se puso en marcha de forma pionera en 2015 para echar una mano a los vecinos que peor lo estaban pasando. Ese año firmó un acuerdo con la Fundación Eguzkilore por el que prestaron cuatro pisos del mismo edificio en el que se encuentra la okupa.
Tres años después, el Consistorio arregló un quinto piso en el mismo portal y lo entregó a la Fundación Harribide para atender un «caso de emergencia social». Ambas organizaciones vinculadas a la Iglesia corren con los gastos, a cambio de la gestión de las viviendas. Los ocupantes pueden residir de forma temporal, por un máximo de dos años, y se les ayuda con un itinerario personalizado para que puedan mejorar su situación. Desde el año 2015 han residido más de una treintena de personas.
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