Los conflictos urbanísticos precipitan una nueva brecha entre PNV y PSE en Basauri

«¿Cómo es posible que se pueda plantear el alcalde meter dentro de ordenación esta urbanización sin reclamar una compensación económica a la constructora», se preguntó la socialista, que recordó que en 2012 el Tribunal Supremo falló a favor del Ayuntamiento y avaló la anulación que hizo en 2005 la Administración local del estudio de detalle de esa zona.

Dos choques en 24 horas

Morla solicitó al Ejecutivo que reclame a las promotoras, Gaztañabaltza y Azkuenaga, «un millón de euros» a cambio de los metros que levantaron de más. Ante las críticas, el equipo de gobierno no tardó en salir al paso y justificó su intención de regularizar la promoción en un informe jurídico. «La causa está prescrita desde 2010 porque la Ley Vasca del Suelo establece que no se puede actuar cinco años después de percatarse de los hechos», señalaron.

Y cargaron la artillería hacia los socialistas. «La solución judicial la tendrían que haber buscado ellos cuando gobernaban. ¿Por qué no lo hicieron y nos reclaman ahora responsabilidades sobre su propia ineficacia?», cuestionaron al tiempo que criticaron a Morla, que formó parte del último Ejecutivo socialista, por conocer además como el resto de partidos el informe jurídico del asesor municipal. El enfrentamiento de ayer, en todo caso, fue el segundo que tuvieron en menos de 24 horas.

Un día antes, en el transcurso del pleno, la socialista arremetió contra el Ejecutivo local por demandar a Azkuenaga por no entregar tres lonjas como compensación al exceso de edificabilidad de la promoción de Arizgoiti. Morla defendió la «existencia de una sentencia de 2009 en la que se exime de toda responsabilidad a la constructora y al arquitecto municipal». El alcalde, que recordó que un tribunal determinó que se construyó más de lo permitido, avisó a la socialista de que estaba diciendo «cosas graves que quedan grabadas», ya que los plenos son registrados en vídeo para colgarlos en la página web del Consistorio.

Busquet, además, recurrió al asesor municipal para que detallase con exactitud los hechos y los dos procedimientos judiciales en torno a este último caso. De esta manera, precisó que se dictaron una sentencia del contencioso-administrativo que reconoció la existencia de «graves irregularidades» y un auto que archivó el proceso contra el arquitecto, acusado de un delito contra la ordenación del territorio.